[hackmeeting] La ‘ley de Internet’ establece que sólo un juez puede cerrar una página ‘web’

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en el mundo:
http://www.elmundo.es/navegante/2002/02/04/esociedad/1012856319.html

adioses,

Hubble, 8-)
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REGULACION
La ‘ley de Internet’ establece que sólo un juez puede cerrar una página
‘web’


El texto ya ha recibido el visto bueno de 66 instituciones y 12
ministerios

OLALLA CERNUDA 

MADRID.- Ha sido necesario un año y medio de polémica, 25 textos
diferentes, y la colaboración de hasta 12 ministerios para que la
primera ley de Internet que habrá en España vea la luz. Una Ley —a la
que ha tenido acceso EL MUNDO— que irá al Consejo de Ministros este
viernes, y que según los responsables del Ministerio de Ciencia y
Tecnología, nace con la pretension de establecer «un marco jurídico
adecuado» para el desarrollo de la Sociedad de la Información a través
de Intenet, «que genere en todos los actores intervinientes la confianza
necesaria para el empleo de este nuevo medio». Es decir, regular el
ciberespacio.

Los tres puntos más conflictivos de la Ley de Servicios de la Sociedad
de la Información y de Comercio Electrónico son los siguientes. 
¿ A quién afecta? Según el texto de la ley, la normativa sólo afectará a
las personas que realicen una actividad económica a través de Internet o
de otras redes telemáticas. «Son servicios de la Sociedad de la
Información todo servicio prestado a título oneroso, a distancia, por
vía electrónica y a petición individual del destinatario». Ahí se
incluyen actividades como el suministro de información mediante la Red,
el vídeo bajo demanda, el alojamiento de datos, o la compra o venta de
servicios por Internet. La ley entiende que existe actividad económica
cuando el titular de una página web obtiene ingresos. 

¿Quién puede cerrar un «web»? Otro de los puntos que había levantado
polémica era la posibilidad de que una autoridad administrativa tuviera
la potestad de cerrar un web sin autorización judicial previa. Pero el
texto final no recoge esta posibilidad, y especifica que «las
autoridades seguirán ejerciendo las competencias que ya tuvieran
atribuidas en virtud de las leyes vigentes. Sólo los órganos
jurisdiccionales podrán ejecutar las decisiones, de acuerdo con las
garantías previstas en la Constitución». 

¿Registro previo? La ley sólo establece la obligatoriedad de un registro
previo para ejercer una actividad en Internet si la empresa ya se
encontrara en un registro para adquirir personalidad jurídica. Una
medida que sólo pretende «mejorar la confianza en el desarrollo del
comercio electrónico seguro, evitando fraudes derivados de la
suplantación de personalidad o utilización ilegítima de nombres de
dominio». 

La Ley llega pese a la oposición de muchos de los sectores de Internet
—asociaciones de internautas y de defensa de los ciberderechos— que han
criticado hasta la saciedad los borradores. Unas críticas que, sin
embargo, no han valido para que 66 instituciones, empresas del sector y
organizaciones de todo tipo, así como el CGPJ y el Consejo de Estado,
hayan dado el visto bueno a la normativa. De aprobarse, España será el
cuarto país —detrás de Luxemburgo, Austria y Alemania— que cumple con la
normativa del Parlamento Europeo que exige a los estados regular el
comercio electrónico. 

Y no sólo eso. Borja Adsuara, director general para la Sociedad de la
Información, ha querido ir un poco más allá, y asegura que esta ley no
es sino la «primera ley de Intenet», que, acompañada de la 2ª Ley de
Firma Electrónica y del decreto que regulará el plan de dominios .es,
han de conformar «el marco jurídico que garantice la seguridad y la
confianza de los consumidores en Internet». 

Internautas en pie de guerra 

La ley de Internet no ha sido bien acogida desde sus primeros pasos por
parte de la comunidad internauta. Mientras los responsables del
Ministerio de Ciencia y Tecnología han hecho lo posible porque el
farragoso texto llegara de una manera clara y sencilla a los
internautas, algunos colectivos han llevado a la Red duras campañas en
las que denunciaban que la ley traería la censura previa a España. 

En las últimas semanas, la polémica ha estado más viva que de costumbre,
por la filtración en Internet de algunos de los borradores de la ley que
habían sido enviados a organismos como el Consejo General del Poder
Judicial o el Consejo de Estado para su aprobación. 

Carlos Sánchez Almeida, un abogado experto en delitos relacionados con
Internet, ha declarado que si se aprueba esta ley, pondrá en marcha
todas las vías jurídicas para posibles recursos judiciales, incluso de
amparo ante el Constitucional. 

En el web Makypress alegan en contra de la ley el «oscurantismo» de los
responsables del Ministerio de Ciencia y Tecnología, «que se había
comprometido en poner en la Red los borradores para que los internautas
enviaran sus aportaciones y no lo ha hecho».