[Infos] ARGENTINA: Investigación periodistica sobre los asesinatos en Plaza de Mayo

[vocero disidente]

      ARGENTINA: Investigación periodistica sobre los asesinatos en Plaza de Mayo 
      by "LATINA" Asociación Latinoamericana 4:07pm Tue Jan 22 '02  
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            ARGENTINA: INVESTIGACION DEL DIARIO CLARIN: MUERTES EN PLAZA DE MAYO / UN ESCENARIO QUE NO VIVIA TANTA VIOLENCIA POLITICA DESDE 1955 

      El día que la Plaza se volvió a cubrir de sangre 

      Fue hace un mes, el día que renunció De la Rúa. Hubo seis muertos. La Justicia investiga a la Policía Federal. Las sospechas recaen sobre policías uniformados y de civil que dispararon contra los manifestantes. 

      Alberto Amato. DE LA REDACCION DE CLARIN. 


      Historias que quedaron tendidas sobre el asfalto 


      Gastón Riva nunca supo qué lo mataba: sintió el golpe terrible en el tórax, un fuego que lo quemaba con la velocidad del rayo y no supo nada más. Cayó de su moto Honda en la que estaba a horcajadas, mientras miraba la espiral de violencia que sacudía las calles del centro de Buenos Aires. Cuentan quienes lo socorrieron que movía una mano. Y la lengua. Pero que estaba inconsciente. Lo levantó el chofer de una ambulancia en la esquina de las avenidas de Mayo y 9 de Julio. Entre quienes ayudaron a cargar el peso muerto de Riva alguien suplicó una obviedad teñida por la desesperación: 

      "Llevalo que se muere". 

      Minutos antes, Riva y su amigo, Daniel Guggini, habían encarado con la moto por Avenida de Mayo, desde Bernardo de Irigoyen, rumbo a la Plaza de Mayo. 

      "A los cincuenta metros, un grupo de cuatro policías empezó a disparar -contó Guggini en la causa- Riva se encorvó y cayó. Me muero... me muero... dijo. Le levanté la remera y vi la herida de bala en el lado izquierdo del pecho. No tenía orificio de salida." Eran las cuatro y media de la tarde del jueves 20 de diciembre de 2001. Riva murió poco después, mientras los médicos del Argerich intentaban reanimarlo. Tampoco supo nunca quién lo mató. Todavía no se sabe. Ni tampoco supo por qué moría. Tampoco se sabe. Era motoquero. Estaba casado. Tenía 31 años y tres hijos. 

      Gastón Riva fue uno de los cinco muertos que cayeron en los alrededores de la Plaza de Mayo durante la feroz represión policial que selló para la historia las últimas horas de anarquía del gobierno de Fernando de la Rúa. 

      La Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura porteña denunció el viernes pasado una sexta víctima: Rubén Aredes, de 30 años, que murió el viernes 21 en la sala de terapia intensiva del Hospital Santojanni. Aredes tenía cuatro balazos en el tórax, según los informes que recogió este diario. Los legisladores afirman que puede haber incluso una séptima víctima. Un listado del SAME (el servicio asistencial del Gobierno porteño) da seis personas muertas el jueves 20, pero no incluye a Aredes. Los legisladores intentan saber si, por error, se contabilizó a un muerto dos veces, o si se trata de una víctima que aún no fue identificada. 

      Un alto jefe policial que participó del operativo de represión y aceptó dialogar con Clarín con la condición de que se preservara su identidad, confirmó que la Policía Federal "ya identificó a cinco hombres de la fuerza que dispararon, y a dos autos civiles de uso policial (sic) un Polo y una camioneta gris." El oficial afirmó que esos datos fueron enviados a la jueza María Servini de Cubría, que investiga los hechos. 

      La información del jefe policial fue ratificada a Clarín por otra fuente, cercana a la Secretaría de Seguridad del Gobierno. Esa segunda fuente agregó que hay filmaciones, que estarían ya en poder de la jueza, en la que se ve 
      a uniformados disparar sobre la multitud. 

      En esa multitud hubo de todo. Desde espontáneos que intentaron participar de un reclamo que creyeron justo, hasta curiosos y entusiastas, pasando por grupos organizados de violentos dispuestos a provocar destrozos y a enfrentarse con la Policía, a la que sometieron durante horas a una pedrea descomunal. A la manera de la mejor tradición argentina, a esa actitud le siguió una represión ilegal, desproporcionada, que sobrepasó todos los límites establecidos por el estado de derecho. Sólo un milagro evitó una matanza mayor. 

      La masacre de la Plaza de Mayo, que ensangrentó la ciudad con una violencia y una sinrazón que reconoce como único antecedente el terrible bombardeo de la aviación naval de junio de 1955, tres meses antes del derrocamiento de Juan Perón, se desató entre la noche del 19 y la madrugada del 20, luego de un discurso del entonces presidente que desató un vendaval de cacerolas que protestaron por la congelación de sueldos y ahorros decretada el 3 de ese mes, para gritar su terror ante los saqueos que convulsionaban la Capital 
      y el conurbano bonaerense, y para cuestionar a un Gobierno al que adivinaban falto de autoridad y decisión. Para cuando los manifestantes llegaron a la Plaza, ya regía el estado de sitio impuesto por De la Rúa en uno de sus últimos actos de gobierno. Cuando estalló la primera granada de gas, la Plaza se desalojó en segundos. Y empezó la batalla campal. Se prolongaría durante toda la mañana del 20 y empezaría a cobrar sus muertos a partir de las cuatro de la tarde, casi en paralelo con el último mensaje 
      presidencial que convocó a la unidad nacional. A esa hora, otro joven caía con un balazo en la cabeza. 

      Gustavo Benedetto tenía 23 años. El primer día del 2002 hubiera cumplido 24. Vivía en La Tablada. Poco después de las cuatro y media de la tarde estaba entre un grupo de manifestantes en la esquina de la Avenida de Mayo y Chacabuco, cerca de la sede del banco HSBC. El banco fue apedreado por la multitud. Según la reconstrucción hecha por Clarín en base a declaraciones de algunos testigos, un patrullero llegó a esa esquina "y la gente se puso muy nerviosa. Una persona, con un poste de hierro de los que sostienen los carteles con el nombre de las calles, rompió una vidriera del banco. Entonces aparecieron desde adentro tres o cuatro personas de seguridad, uniformados con camisa blanca y algunos policías, que comenzaron a disparar a mansalva desde adentro del banco. Hubo una desbandada general y sobre la avenida quedó tirado un muchacho, boca abajo. Tenía un balazo en la cabeza con orificio de salida en la nuca." Era Gustavo Benedetto. Estaba muerto. Al parecer un amigo intentó darlo vuelta, pero abandonó la tarea cuando vio en el suelo parte de la masa encefálica de Benedetto que espesaba el enorme charco de sangre que escurría hacia la esquina. 

      Dijeron los testigos a Clarín: "En eso llegó un Peugeot 306, por Chacabuco y de contramano, venía a toda velocidad e incluso atropelló a un pibe. Desde adentro disparaban para todos lados, como para tomar la esquina y permitir la salida de los policías y de la gente de seguridad que estaba adentro del banco". Una ambulancia recogió al muerto para llevarlo a alguna parte. En ese momento, lejos de ese escenario de espanto, en La Tablada, Eliana Benedetto, de 25 años, hermana de Gustavo, lanzó un grito: había reconocido a su hermano, que yacía desmantelado en una camilla, en la pantalla de un canal de cable: Crónica TV. Se lanzó desesperada a la Capital a recorrer hospitales y comisarías. Vio de todo hasta que encontró lo que jamás 
      hubiese querido hallar: el cadáver de Gustavo en la morgue del Hospital Ramos Mejía. 

      Según fuentes judiciales, todo fue captado por el sistema digital de vigilancia del banco, en poder de la jueza Servini de Cubría. 

      En sus últimas horas, el gobierno de De la Rúa creyó que la intención de los manifestantes era tomar por asalto la Casa de Gobierno. En eso coinciden algunos testimonios e incluso declaraciones judiciales. El jefe policial que aceptó dialogar con Clarín, dijo: "La información que teníamos era que los manifestantes querían entrar a la Rosada. Y que si pasaban a la Policía, sólo quedaban luego los soldados, armados con FAL". Según el oficial policial, "los grupos de jóvenes actuaban unidos y coordinados, aunque pertenecieran a diferentes organizaciones de izquierda. Así generaron un avance hacia la Plaza por cuatro frentes: por Diagonal Norte, por Avenida de Mayo, donde una enorme pila de escombros de las obras del subte les servía como arsenal para abastecerse de piedras, por San Martín y por Bolívar". 

      ¿Hubo una orden del Poder Ejecutivo para que la Plaza de Mayo fuese desalojada? ¿Autorizó esa orden a actuar con la violencia con la que se actuó? Hubo sí, una orden de desalojar la Plaza. Y de ella se hacen responsables los ex funcionarios involucrados en la causa judicial: el ex Presidente, su ministro del Interior, Ramón Mestre, y el entonces secretario de Seguridad, Enrique Mathov. Pero nadie admite haber dado luz verde a la Policía Federal para emplear la violencia que se usó, aun cuando ya había seis muertos, caía la noche, los manifestantes eran menos y De la Rúa había formalizado su renuncia. 

      Según fuentes judiciales, De la Rúa envió un escrito a la jueza Servini. Es una lacónica presentación de pocos párrafos en la que, entre otras cosas, afirma: 

      · No haber emitido orden alguna en contra de la ley, y 

      · Los cuestionados procedimientos no estaban a su cargo. 

      Mathov también hizo una presentación por escrito el viernes 21 de diciembre. En ella dice que en la Plaza confluyeron "personas claramente organizadas y en actitud violenta que comenzaron a hostilizar a la Policía, mientras adoptaban modalidades de acercamiento a la Casa Rosada". Que la secretaría a su cargo tenía informaciones que aseguraban que "los violentos tenían planeado atacar y copar la Casa Rosada", y que le ordenó al entonces jefe de los federales, comisario Rubén Santos, que protegiera la Casa de Gobierno. Mathov agrega: "La autoridad política manifiesta el qué de la cuestión, y la autoridad técnica o profesional determina el cómo implementa y cumple el objetivo". 

      En otra presentación escrita, el ex ministro Mestre dice cosas parecidas, pero señala que la actuación policial debía seguir "las disposiciones legales, asegurando la tranquilidad pública, y su actitud de prevención, disuasión y paciencia debían llegar al máximo límite de tolerancia, frente a las constantes provocaciones y agresiones de grupos violentos". 

      La responsabilidad política de la represión tampoco parece haber escapado a los ojos de la jueza Servini, que en el mediodía del viernes llegó a la Plaza para ordenar "el cese de la represión indiscriminada". Todavía no había muertos. 

      La jueza dice haber dado esa orden a tres jefes policiales: un comisario inspector de apellido Palacios (se trata de Jorge Palacios, jefe de la Unidad Antiterrorismo), y a dos comisarios de apellido Femia y Derecho. En las primeras fojas de la causa, Servini de Cubría afirma haber ordenado desalojar el frente de la Casa de Gobierno, para preservar la seguridad del edificio. "Me hicieron saber mis interlocutores -escribió la jueza- que por orden del ministro del Interior debían desalojar toda la Plaza de Mayo". 

      Además de los escritos, están los testimonios. Al atardecer, cuando surcaron el aire los primeros plomos de las armas policiales (las fuentes judiciales consultadas por Clarín afirman que muertos y heridos lo fueron por balas de pistola de nueve milímetros o por perdigones de plomo de cartuchos para escopetas de calibre 12,70, armas habitualmente utilizadas por la Policía) funcionarios, legisladores, asesores y hasta periodistas les rogaron al ministro Mestre y al secretario Mathov que pusieran fin a la represión. Uno de esos funcionarios confió a Clarín que Mathov lanzó una réplica entre desdeñosa y aterrada: "¿Qué querés...? ¿Que nos incendien la Casa de Gobierno?" La seguridad de la Rosada y la del Presidente es responsabilidad de la Casa Militar y del regimiento de Granaderos a Caballo, dos unidades de las Fuerzas Armadas sobre las que Mestre y Mathov no tenían influencia. 

      Aun ya con las primeras víctimas mortales tendidas al calor fragoroso de un diciembre de pesadilla, los legisladores Carlos Maestro y Horacio Pernasetti, titulares de los bloques de senadores y diputados de la UCR, le rogaron al Presidente: "Fernando, tenés que parar la represión porque de lo contrario se va a agravar más la desobediencia civil y va a haber más muertos". La respuesta de De la Rúa fue: "No es así... Son cuentos... No pasa nada". La historia fue revelada el 21 de diciembre en este diario por el periodista Ricardo Ríos. 

      Carlos Almirón tenía 23 años. Vivía en Lanús, junto a su abuela y a su hermano. Estudiaba sociología y era miembro del Centro de Desocupados 29 de Mayo, de Lanús. Su familia lo ha descripto como un joven alegre, solidario, sus amigos lo llamaban "Petete". Era miembro de la Coordinadora Contra la Represión Policial (Correpi). Llegó a la Plaza de Mayo junto con un grupo de desocupados, en el momento en que se desencadenaba la represión más violenta. A partir de ese momento, las versiones difieren. Unos testigos afirman que el grupo se dispersa y pierde contacto con Almirón. Otros testigos aseguran que el joven salió de la columna para "organizar la retirada", pero la mayoría de los testimonios coinciden en afirmar que un policía uniformado le disparó en la esquina de Avenida de Mayo y 9 de Julio, no muy lejos de donde había sido baleado el motociclista Riva. Almirón llegó al Hospital Argerich a las cinco de la tarde. Tenía un balazo en el tórax. Fue operado, pero murió a las once de la noche. 

      La represión con armas de fuego, pistolas automáticas y escopetas de perdigones (de goma y plomo) tiene al menos tres puntos en común que desbaratan la versión oficial que habla de un "desborde" de algunos policías, supuestamente faltos de experiencia por más de una década sin movilizaciones masivas de protesta: tuvo una hora concreta de inicio, alrededor de las tres y media de la tarde; empezó a incluir a civiles armados que actuaban en solitario o junto a los uniformados y que balearon a los manifestantes y, por último, contó con el apoyo de autos particulares en los que también viajaban civiles y uniformados que disparaban a mansalva. 

      Cerca de las siete de la tarde, cuando ya se conocía la renuncia del Presidente, una camioneta 4x4, doble cabina, con cúpula, se detuvo cerca de las esquinas de Carlos Pellegrini y Sarmiento. Allí, un pequeño grupo de manifestantes se guarecía de una lluvia de gases lacrimógenos que un piquete policial disparaba desde hacía más de una hora desde el Pasaje Carabelas, detrás del ex Mercado del Plata. 

      De la camioneta y de un auto Fiat Palio color blanco (otros testigos aseguran que también de un Volskwagen Gol rojo) bajaron civiles y uniformados que dispararon a discreción. Uno de ellos apoyó una escopeta sobre el techo de la camioneta; otro empuñaba una pistola nueve milímetros, según relató el abogado Claudio Pandolfi. Luego de los disparos, al menos dos cuerpos quedaron tendidos: uno, el de Martín Galli, un joven de 26 años que recibió un balazo en la cabeza y está vivo de milagro; el otro era el de Alberto Márquez, de 57 años, que tenía dos balazos en el tórax. Márquez trabajaba en Provincia Seguros, en el Banco Provincia del centro porteño. Había llegado a la manifestación cerca de las cuatro de la tarde, acompañado por su mujer, Marta Pinedo, y dos personas más. A esa hora el matrimonio volvía a su casa de Villa Maipú, partido de San Martín. Márquez cayó arrodillado, vomitando sangre. Murió después de que lo subieran a un Ford Escort en el que intentaron llevarlo hacia la salvación imposible. 

      La más extraña de las muertes de esa tarde aterradora fue la de Diego Lamagna, un deportista amateur de 27 años, experto en acrobacias en bicicleta: de eso vivía, junto a su madre, en Sarandí. Hasta poco después de las tres de la tarde del jueves 20 de diciembre, Lamagna estuvo junto a su mamá en su casa. Una hora y media después, estaba muerto en la esquina de Bernardo de Irigoyen e Hipólito Yrigoyen, cerca de la Avenida de Mayo y 9 de Julio. Se sabe que, desde su casa, viajó al Centro en un colectivo de la línea 24. Aún no está claro si se sumó, solo, a la manifestación, o si los desvíos del colectivo lo impulsaron a bajarse en un lugar todavía no determinado para encontrarse con la fatalidad. No tenía militancia política de ningún tipo, al igual que muchos que manifestaron ese día. Por la hora en la que salió de su casa y la hora en la que la autopsia fijó como la de su muerte, se calcula que estuvo muy poco tiempo en la manifestación. No se sabe si llegó a la Plaza de Mayo. 

      Diego Lamagna cayó con un perdigón de plomo en el pecho. Su abogado, Leonardo Filipini, en base al relato de algunos testigos, cree que le dispararon desde un auto particular que no fue identificado. Aún busca más testigos. El joven quedó tendido sobre una de las plazoletas del bulevar de la 9 de Julio. Hasta él llegó una ambulancia del SAME. Con el rostro desencajado, un enfermero le puso una gasa en la boca y le hizo respiración boca a boca. Es la imagen que captó el fotógrafo Gustavo Correa, publicada en la portada de este diario el viernes 21. Todo fue inútil. Lamagna murió allí, con los ojos abiertos, mirando sin ver el cielo del verano. Eran las cuatro y media de la tarde. 

      Con ese cuadro de espanto se encontró Daniel Guggini. Vio llegar la ambulancia para Lamagna e intuyó que había una posibilidad de salvar a su amigo, el motoquero Riva, que agonizaba en sus brazos. Corrió montado en la desesperación los metros que separaban un cuerpo de otro, y pidió ayuda 
      con la voz desarbolada por la emoción, el miedo y el desaliento: "Tengo un muerto" gritó. Lo volvió a la realidad el grito exasperado y experto de una médica que, sin saberlo, sintetizaba en una frase el drama de un día de horror: 

      -¡Esperá un poco que esto es un quilombo... Está lleno de heridos de bala...! 

      Guggini supo entonces que perdía a su amigo y no halló respuesta al umbrío dolor que lo invadió y que aún lo acompaña. 

      Las respuestas a esos dolores y a otras tantas preguntas, está ahora en manos de la Justicia. ¿Existió realmente un desborde policial o hubo una acción coordinada, salvaje, ilegal, que excedió los límites previstos a la hora de enfrentar una movilización popular masiva? 

      La legisladora porteña Alicia Pierini no tiene dudas: "Hay seis muertos, probablemente siete, y cincuenta y dos heridos de bala. Esas cifras no hablan de un desborde policial, sino de un hecho absolutamente institucional. No hay un solo testimonio que diga que hubo manifestantes armados. Hubo balas de un solo lado. Hubo uniformados que dispararon contra los manifestantes. Y también civiles que tiraron contra la gente: a esos los vimos nosotros desde la Legislatura". 

      Incluso no se descarta que la ferocidad policial haya tenido origen en una interna de la fuerza tendiente a desalojar de la jefatura, enlodado por el descrédito, a su entonces titular, comisario Rubén Santos. 

      Entre otras respuestas que debe dar la investigación judicial figuran las que intentan saber si hubo un momento, y por lo tanto una orden, de que la represión a los manifestantes se llevara a cabo a balazos. Y quién dio esa orden. 

      ¿Quiénes fueron los civiles que dispararon contra los manifestantes amparados por policías uniformados? ¿A quiénes pertenecen los autos desde los que se disparó a mansalva contra la gente y que un jefe policial definió con un eufemismo que sería simpático si no encerrara una tragedia: "autos civiles de uso policial..."? ¿Cómo fue que, si la decisión del entonces gobierno fue la de impedir una hipotética "toma por asalto" de la Casa de Gobierno, los muertos cayeron a varias cuadras de la sede del poder? ¿Actuó el 20 de diciembre algún tipo de "escuadrón de la muerte"? Si la Justicia logra responder estos y otros interrogantes, dilucidará otro que no está formulado más que en forma tácita: cuál es la voluntad política de investigar una matanza casi sin precedentes en la ya de por sí violenta historia contemporánea de la Argentina. 





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