[Infos] INFORME SOBRE REPRESIÓN

[lenterao at sindominio.net]

Asociación Madrileña de Estudios sobre el Cannabis
Nº RSCM: 15.281
c/ Salitre, 23, bajo
28012 MADRID
Tfno: 91 5303364
www,ctv.es/USERS/amec  amec at ctv.es

LA REPRESIÓN COMO RESPUESTA

Durante este verano, las autoridades, coordinadas por el Plan Nacional
sobre Drogas, han desencadenado una ofensiva sin precedentes contra los
cultivadores de cáñamo para uso personal (autocultivo). Decenas,
probablemente cientos en todo el estado, han sido detenidas durante estos
meses estivales por el terrible crimen de tener plantas de cáñamo en su
casa o en sus propiedades. La cacería de cultivadores se completa con una
campaña de acoso a las tiendas que venden material de cultivo
(grow-shops). Junto a todo esto, continúa el ascenso imparable de las
multas por tenencia ilícita, batiéndose de nuevo este año el record de
sanciones.

Todos estos factores parecen indicar que nos encontramos antes un intento
de las autoridades de incrementar la represión contra los consumidores de
cannabis, especialmente contra aquellos que eligen el autocultivo como
alternativa a las adulteraciones y los altos precios que ofrece el mercado
negro. Ésta es la respuesta que dan las autoridades al incremento del
consumo de cannabis, en general, y al aumento de consumidores que plantan
marihuana para su autoconsumo, en particular. Mientras las encuestas
muestran que los índices de percepción de riesgo están en mínimos
históricos, especialmente entre las generaciones más jóvenes, las
autoridades responden con la fuerza para, según Gonzalo Robles, “evitar
una sensación de impunidad”. En realidad, quieren terminar con una
sensación de normalidad, que es la que se respira ahora mismo en nuestras
calles.




OFENSIVA CONTRA EL CULTIVO DE MARIHUANA

Este verano no ha habido semana en la que no se publicasen varias noticias
sobre la detención de cultivadores de marihuana con unos enormes alijos de
droga (6 plantas en unas veces, otras 10...). Eso no es del todo nuevo, y
en parte la profusión de casos se explica por el crecimiento del número de
consumidores que han decidido dejar de adquirir cannabis en el mercado
negro. Lo que sí es nuevo es que se llegue a situaciones tan absurdas como
que cinco chicos cántabros que cultivaban seis plantas de cáñamo puedan ir
a la cárcel por un inexistente delito de tráfico de drogas. O que las
delaciones a cargo de vecinos que arreglan así sus disputas sea el método
con el que “trabajan” las fuerzas policiales. Hasta este año, los fiscales
antidroga actuaban cuando los informes policiales de las incautaciones de
plantaciones caseras revelaban un gran número de plantas. Sin embargo
ahora, para sorpresa incluso de los propios agentes que participan en las
redadas, los fiscales actúan sistemáticamente contra todos los
plantadores, que son detenidos, fichados e imputados por un posible delito
contra la salud pública.

Además, a la hora de pesar las plantas, muchos agentes no tienen en cuenta
que los machos (un 30-50% de la producción) no son psicoactivos, ni
parecen saber que lo que se consumen son las hojas y los cogollos (y no el
tallo, las ramas o la raíz), ni que la planta se consume seca (durante el
proceso de secado pierde entre el 60 y el 75% de su peso). Tampoco se
tiene en cuenta que las plantas hembras no son psicoactivas hasta el mes
de septiembre, cuando ya está avanzado el proceso de floración. El
resultado de tanta chapuza es una indefensión tal, que la simple presencia
del abogado del cultivador durante el proceso de secado puede reducir el
peso del alijo en unos cuantos kilos.

La inmensa mayoría de los procesos abiertos por autocultivo se archivan
sin llegar a juicio, dado que se les acusa de un delito inexistente
(tráfico de drogas, pero en realidad, el presunto objeto del tráfico crece
en una maceta, por lo que no se produce ningún delito concreto, en todo
caso una falta por tenencia ilícita de cannabis –siempre y cuando la
aprensión se produzca cuando la planta esté madura y tenga THC, dado que
en caso contrario, no sería una droga). A pesar de que, salvo excepciones,
todo suele terminar bien, el cultivador pasa un par de meses con abogados,
pendientes de ir a declarar, con los consiguientes malos ratos para ellos
y sus familias (con el consiguiente despilfarro de recursos económicos y
humanos por parte del Ministerio de Justicia). De todos modos, nos
preguntamos si la expresión reducción de daños tiene algún significado
para Gonzalo Robles y su Plan Nacional sobre Drogas. No quieren que nadie
cultive, prefieren que todo el mundo compre chocolate de dudosa calidad y
a precio de oro a las mafias. ¿Por qué?

Estas incautaciones de plantaciones caseras afectan especialmente a un
colectivo ya de por sí suficientemente castigado, como es el de los
enfermos de un buen número de males (SIDA, cáncer, artritis, glaucoma,
etc.) que alivian sus padecimientos con el cannabis. Si ya es deleznable
quitarle las plantas a un consumidor para que se vaya a algún parque a
financiar a las mafias, resulta mucho más ruin cortarle a un enfermo el
abastecimiento estable que tanto necesita y que es tan difícil de
conseguir (recordemos que para determinadas enfermedades no vale cualquier
variedad de cáñamo, sino la conocida como Ruderalis).

Si un consumidor se molesta en plantar es por dejar de comprar en el
mercado negro un hachís adulterado y caro (hasta 6 €/gramo) para consumir
una sustancia mucho menos dañina, cultivada por él mismo y que a la larga
sale bastante más barata. Además, deja de financiar con su dinero a las
mafias del mercado negro, actitud que debería valorarse positivamente y,
por qué no, ser alentada oficialmente como parte de un programa más amplio
que tenga como perspectiva la reducción de daños, y no la represión de las
libertades individuales.

CAMPAÑA DE ACOSO A LAS GROW-SHOPS

La persecución de los cultivadores se complementa con otra campaña de
acoso a las tiendas conocidas como grow-shops. Estos establecimientos
aparecieron a partir de 1997 y comercializan todo tipo de artículos
relacionados con el cáñamo, especialmente elementos para el cultivo. Ya
durante la pasada primavera apareció en la prensa la noticia de la
incautación de un alijo de piruletas de cannabis (que como no son
psicoactivas no se pueden considerar droga). En los meses siguientes, se
han inspeccionado sistemáticamente las tiendas. Los resultados han sido
curiosos y dispares. En unos sitios, funcionarios de Sanidad han
confiscado frascos de champú en base a una normativa farmacéutica, en
otros han sido los de Agricultura los que se han llevado los abonos, y en
otros, los objetos requisados han sido caramelos y gominolas con sabor a
cannabis.

La finalidad de la campaña, más que lograr el cierre judicial de las
tiendas, persigue poner trabas y molestar a unos empresarios que pagan sus
impuestos como otros cualquiera. Al igual que en el caso de los
cultivadores de marihuana, la mayoría de causas se archivarán porque no
tienen ni pies ni cabeza, pero el daño de los meses que dura el proceso
(jucios, abogados, declaraciones...) es el arma que esgrime el Plan
Nacional sobre Drogas para desalentar a todos aquellos que quieran abrir
establecimientos parecidos. Hace meses hubo otra campaña parecida de acoso
a tiendas que vendían sustancias naturales con efectos parecidos a las
sustancias de diseño (MDMA, LSD,...). Dicha campaña, con un gran efecto
mediático, pasó rápidamente al olvido después de que dos chicos muriesen
por sobredosis de éxtasis en una fiesta de Málaga. ¿Siempre hay que
esperar a que se produzcan desgracias para que se corrijan los errores?

DIEZ AÑOS DE LEY CORCUERA (1992-2002)

En 1992 entró en vigor la Ley de Seguridad Ciudadana de ese año, la famosa
Ley Corcuera. En ella se contemplaban multas para quienes consumiesen o
portasen drogas ilegales en la vía pública. Eran años en los que la
heroína golpeaba fuerte y no eran infrecuentes los toxicómanos que se
inyectaban en parques o callejones, con los consiguientes problemas de
salud e inseguridad. Sin embargo, diez años después de la promulgación de
la ley los principales perjudicados por la medida son unos consumidores
que no causan problemas sociales: los consumidores de cannabis. En el año
2001 fueron denunciadas 112.269 personas en todo el estado. Es decir,
307,6 multas cada día. Ese año ha supuesto el colofón de un continuo
ascenso (63.855 denuncias en el año 1997). Y para el 2002, la cifra será
aún más alta, dado que, según el Plan Nacional sobre Drogas ha reconocido
que sólo durante el mes de julio han sido denunciadas casi 11.000 personas
por tenencia de drogas en lugares públicos en actuaciones que corresponden
a la Guardia Civil (habría que sumarle las actuaciones del resto de
policías nacionales, autonómicos y locales para tener la cifra total). La
Guardia Civil, durante todo el verano de 2000 (Operación Menudeo) puso un
total de 15.295 denuncias. Por la gente que pasa por la AMEC en busca de
asesoramiento para recurrir las multas, podemos afirmar que un 90% de los
afectados han sido denunciados simplemente por poseer cannabis.

Las razones que se dan para lanzar estas ofensivas contra los consumidores
son la de controlar el tráfico a pequeña escala y evitar la sensación de
impunidad que genera el consumo. Sobre el tema del tráfico, que crea
“alarma social” y degrada la convivencia en las zonas afectadas, es algo
en lo que estamos de acuerdo. Pero los consumidores no son traficantes.
Entre las sustancias aprehendidas en acciones contra el narcotráfico a
pequeña escala durante el mes de julio, destacan los tan sólo 279 gramos
de derivados del cannabis confiscados frente a los 60 kilos de heroína o
las 4.500 pastillas de éxtasis intervenidas. Por lo tanto, no se debería
relacionar a la ligera el consumo de cannabis con el narcotráfico. Además
las autoridades reconocen que el consumo en la vía pública ofrece “una
imagen de impunidad” (nosotros diríamos que la imagen es de normalidad) y
su recurso es, una vez más, la represión pura y dura. Todo esto después de
que la presión sobre los bares que toleraban el consumo de cannabis en su
interior haya provocado que miles de personas se vean obligadas a consumir
en calles y coches, especialmente durante los fines de semana.

Las consecuencias de esto, aparte del efecto económico de las sanciones
(que en el caso de los consumidores más jóvenes suelen ocasionar pequeños
dramas familiares), es que los más de dos millones de consumidores
habituales de cannabis en España se ven obligados a jugar a diario al
ratón y al gato con la policía. Todo esto genera desconfianza en el
sistema, dado que, gente de todo tipo y condición que no vulnera la ley en
ningún otro caso, se ve obligado por las leyes a desobedecer determinadas
normas para ejercer su derecho a consumir una sustancia menos dañina para
su salud que el tabaco o el alcohol, drogas legales con las que el Estado
hace negocio por medio de los impuestos.

EL CAMBIO SOCIAL

Este tridente represivo crece en un momento en el que el consumo de
cannabis ya no sufre los estigmas del pasado. Desde el histórico informe
de la Organización Mundial de la Salud de 1998, en el que se certificaba
que el cannabis es una droga menos peligrosa que otras tan legales y
familiares como el tabaco, el alcohol o la cafeína. La gente cada vez está
más informada respecto a la planta (su cultivo, su consumo, etc.) y se
multiplican los estudios médicos que demuestran su utilidad para tratar
determinadas dolencias como el SIDA o el cáncer. La percepción de riesgo
asociada al cannabis está en mínimos históricos. Como ejemplo, a pesar de
las campañas alarmistas del Plan Nacional Sobre Drogas y la FAD, tan sólo
un 23% de los jóvenes entre 15 y 24 años considera que el Cannábis lleve
aparejado un alto riesgo (esto da una idea de la eficacia de las
multimillonarias campañas de información que periódicamente llevan a cabo,
con dinero público, los citados organismos). La tolerancia también ha
aumentado mucho entre los no consumidores (amigos, familias), tolerancia
motivada muchas veces por la represión que sufren sus seres queridos.

En cuanto al consumo, el Cannábis es la droga (entre las legales y las
ilegales) cuyo uso ha experimentado un aumento progresivo y continuo en la
última década. A la cifra de más de dos millones de consumidores
habituales que citábamos antes, se puede añadir que un 29,4% de los
jóvenes entre 15 y 24 años lo han probado alguna vez y, de estos, un 15%
lo consumen de manera habitual. Si se mira la encuesta del Plan Nacional
Sobre Drogas efectuada entre jóvenes de 14 y 18 años, el porcentaje de
consumidores habituales sube hasta el 20%. Si ese sector de población es
el que más preocupa al zar antidroga español, resulta que sus políticas
informativas y preventivas (o mejor dicho, la ausencia de unas políticas
serias y realistas), estimulan el consumo en edades en las que es ilegal
que consuman incluso alcohol o tabaco (la edad media de inicio se sitúa en
los 15 años). ¿Cuánto cobra el señor Robles? ¿Existe algún tipo de control
político o social sobre los éxitos del Plan Nacional sobre Drogas y la
FAD? No lo parece. Todos miran hacia otro lado y son los programas
sensacionalistas de la televisión los que cacarean los eslóganes oficiales
contribuyendo a aumentar la confusión (como ha ocurrido con muchas
noticias sobre incautaciones de plantas o como ya había pasado con el
éxtasis tras los tristes sucesos de Málaga –por cierto, otro ejemplo de
los éxitos que cosechan las políticas oficiales de información y
propaganda).

Creemos que es hora de que empiece a haber un debate serio sobre las
políticas de drogas en este país. La sociedad ha avanzado, ha evolucionado
mucho en estos últimos diez años y es hora de adecuar las políticas a los
nuevos usos sociales. Deben terminar ya las políticas represivas que lo
único que hacen es producir un consumo más masivo y de peor calidad, con
más riesgos para la salud del consumidor. La reducción de daños debe ser
el punto de mira de una nueva política que apoye al ciudadano en vez de
beneficiar a los traficantes y a quienes blanquean el dinero de las drogas
ilegales. Es imprescindible que más de dos millones de ciudadanos adultos
y responsables dejen de sentirse acosados y perseguidos por las fuerzas
del orden y las instituciones. Es hora de decidir qué solución se les da a
los cientos de enfermos que preguntan en las asociaciones cómo conseguir
algo de marihuana para soportar la quimioterapia o mejorar sus
articulaciones.

Ese debate debería comenzar antes de que en la primavera del año 2003 se
celebre en Viena una sesión extraordinaria de la ONU para analizar los
resultados de los cinco primeros años de aplicación del Plan Antidroga
aprobado en la Asamblea General sobre Drogas del año 1998. Allí nuevamente
se repetirán las tensiones entre los países proclives a la mano dura
(empezando por los EEUU) y aquellos que buscan alternativas diferentes
para sus problemas (países europeos, con Holanda, Suiza, Gran Bretaña y
Alemania a la cabeza, y varios estados andinos con movimientos cocaleros
como Bolivia). La delegación española debería tener claros cuáles son los
principios que deben inspirar las políticas sobre drogas del futuro y no
apoyar planes que resultan auténtica ciencia-ficción. Como muestra, en la
Asamblea del 98 se aprobó que en el año 2008, en el planeta Tierra no
habría ni cocaína, ni heroína, ni cannábis, ni éxtasis, ni... Pero para
tener una perspectiva internacional primero hay que tener una nacional,
algo que sin debate, sin un análisis sincero de la situación, no será
posible. En materia de drogas, especialmente en el caso del cáñamo, España
sigue siendo el país de la chapuza y la improvisación.