[Infos] SI ENCARCELÁIS ANTIFASCISTAS SE OS CAERÁ LA MÁSCARA DE DEMÓCRATAS

[lenterao at sindominio.net]

	El próximo 14 de enero a las 10 de la mañana, 18 personas detenidas en
relación a la manifestación antifascista del 12 de octubre de 1999 a
Barcelona seremos juzgadas en el juzgado penal  núm. 7 de Barcelona. La
fiscalía nos acusa de los delitos de atentado, desórdenes públicos y
daños y pide una condena de más 50 años de prisión y 16.320.000 ptas. de
multa para tod at s nosotr at s: un año y medio para las 17 acusadas de
desórdenes, otro año y medio a las 14 acusadas de atentado y una multa de
960.000 ptas. conmutable por 8 meses de prisión a los 17 acusados de
daños. Uno de los detenidos está acusado de atentado con agravante de uso
de armas y le piden 4 años de prisión. Sólo uno de los 18 está acusado de
un delito menor, con una petición de 60.000 ptas. de multa y 15 días de
arresto.
	El 12 de octubre de 1999, por segundo año consecutivo, se celebró en el
barrio de Sants de Barcelona una manifestación de rechazo al acto
fascista que la Comisión de homenaje a la bandera celebraba en la Plaça
dels  Països Catalans, y que la Delegación de Gobierno en Catalunya
autoriza desde el año 83. Desde inicios de los 90, asociaciones de
vecinos, organizaciones sociales y col.lectivos de todo tipo habían
pedido repetidamente la prohibición del acto, tirando varias iniciativas:
campañas de firmas de rechazo, mociones de censura contra el  acto  en el
pleno de distrito de Sants-Montjuic, 4 fiestas antirracistas en el Centro
Cívico de Cotxeres de Sants
.
	La manifestación, en la que participaron más de 2000 personas, acabó con
incidentes con la policía, que cargó contra todo el que se movía por las
inmediaciones de Sants Estació. Durante 3 horas, antidisturbios y
policías de paisano se lanzaron a la cacería de personas por Sants y
Hospitalet y detuvieron a 22: 15 chicos y 7 chicas que pasamos 72 horas
en la comisaría de la Verneda y en los juzgados y soportamos maltratos
físicos y vulneración de derechos básicos durante la detención. Mientras
tanto, la Delegación de Gobierno presionaba a Remei Bona, titular del
juzgado 28 de instrucción, y gran parte de los medios de comunicación
sobredimensionaban los hechos con titulares y imágenes impactantes.Todo
ello provocó que la jueza decretara el  ingreso a prisión de 14 personas
en virtud de la supuesta "alarma social" que causaron los hechos. Remei
Bona l at s acusaba de constituir una "asociación ilícita", aplicándoles el 
artículo 515.3 y 517.2, que el Código Penal contempla para "bandas
armadas y grupos terroristas". Precisamente, el día 6 de octubre la
policía nacional había detenido 7 nazis vinculados al grupo Resistencia
Nacional de la Juventud (rama de la organización fascista Alianza por la
Unidad Nacional):  4 de ellos salieron en libertad el  día siguiente con
cargos de robo con violencia, agresión racista, lesiones a un guardia
urbano y agresión sexual. Nadie percibió ninguna alarma social en los
hechos o la liberación de estos detenidos. Uno de los liberados, Santiago
Royuela, fue detenido otra vez en marzo de 2001 intentando colocar un
artefacto casero en una fiesta de colectivos alternativos en Cotxeres de
Sants y volvió a salir en libertad.
	El encarcelamiento de las 14 detenidas provocó reacciones inmediatas en
instancias jurídicas como la Comisión en Defensa de los Derechos de la
Persona del Colegio de Abogados de Barcelona. En una semana, 2500
entidades y 1732 personas suscribieron el manifiesto de apoyo a los y las
encarceladas y detenidas. Miles de personas marcharon a la prisión de
Trinidad y Wad Ras para apoyarl at s. Finalmente, la jueza l at s dejó en
libertad con cargos 10 días más tarde, considerando que el "rechazo
social" a los hechos del 12 de octubre se había apaciguado. El 23 de
octubre, más de 10.000 personas pidieron la libertad sin cargos de todos
y todas las detenidas llabarrotando Vía Laietana y Plaça Sant Jaume.
	Meses más tarde, dos estudiantes de Ciencias de la Comunicación en la
Universitat Autònoma de Barcelona presentaron una queja al Consejo de la
Información de Catalunya contra varios medios de comunicación por
vulnerar el código deontològico del Colegio de Periodistas en las
informaciones relativas a la manifestación y detenciones del 12 de
octubre, que crearon el ambiguo clima de "alarma social" que propició los
encarcelamientos. El CIC la aprobó.
	La experiencia del 12 de octubre de 1999 propició el nacimiento de nuevas
entidades, como Madres y Padres Afectados por los Hechos del 12 de
octubre (MAPAFS), que desde hace 3 años trabaja con otros colectivos
organizando actos de reflexión sobre problemáticas relacionadas con los
hechos, como la charla organizada recientemente en Cotxeres de Sants
sobre el enfoque social y alternativo de la seguridad ciudadana. La
vivencia directa de la brutalidad policial y la arbitrariedad judicial ha
hecho que MAPAFS se involucre activamente en otros acontecimientos
parecidos, como la represión a la manifestación contra el Banco Mundial
el junio de 2001 o el estado de asedio policial al centro de Barcelona el
pasado 12 de octubre por las manifestaciones de antifascistas e
inmigrantes. Además, durante la campaña 99-2000 se formó la Plataforma
Cívica por un 12 de octubre en libertad, que reunió a varios colectivos
involucrados en  la asamblea de apoyo a l at s detenid at s y organizó
conjuntamente con otros entidades los actos del 12 de octubre de 2000.
Este año, la Plataforma Cívica ha organizado una campaña para que varios
municipios de Catalunya se declararan antifascistas en el pleno y ha
conseguido reunir a 32, presentando la documentación a la Generalitat, el
Ayuntamiento y el Síndic de Greuges.
	Este macrojuicio llega 3 años después de que la Delegación de Gobierno,
la Jefatura de Policía y la intoxicación informativa urdieron una trama
que nos trajó a los calabozos y a la prisión, provocándonos numerosos
daños físicos, materiales y psicológicos a nosotr at s y a nuestros
familiares y amig at s. Con un atestado novelesco, afirmaciones
manifiestamente falsas, pruebas inexistentes y mucha literatura policial,
Fiscalía y Delegación de Gobierno pretenden encarcelarnos otra vez y
obligarnos a pagar multas millonarias que no podemos ni queremos asumir.
Resulta vergonzoso que instituciones como el Ayuntamiento de Barcelona se
presenten como parte acusadora en un proceso contra personas detenidas
indiscriminadamente o que simplemente ejercían su derecho a manifestarse.
	Nos parece evidente que la problemática en torno al acto del 12 de
octubre no se ha resuelto, en tanto que la Delegación de Gobierno
autoriza reiteradamente un acto rechazado por gran parte de la población
de Barcelona y comarcas y reprime las manifestaciones de rechazo con
violencia y detenciones masivas e indiscriminadas; el Ayuntamiento
permite el acto conociendo sobradamente el descontento que provoca y pide
sumas millonarias a l at s detenid at s por unos incidentes que perfectamente
se habrían podido evitar y los juzgados acusan y condenan a personas
detenidas en razzias policiales, mientras no hay ninguna diligencia
abierta por las proclamaciones racistas, xenófobas y preconstitucionales
que los ultras hacen cada año en su acto. Además de las 22 detenciones
del 99, hay 7 chicos detenidos en un bar en motivo de la manifestación
del año 98, que fueron condenados a 1 año y medio de prisión por
desórdenes públicos y estuvieron a punto de entrar a la prisión por tener
antecedentes penales de insumisión; 32 personas encausadas por la
manifestación de el año 2001 y este año detuvieron a 29 más en el centro
de Barcelona: 90 detenciones en 4 años y el conflicto sigue patente.
	Creemos que son las instituciones mencionadas, y no nosotr at s, las
responsables de los hechos del 12 de octubre de 1999 y de todo lo que ha
acontecido desde que autorizan y permiten un acto de nostálgicos de la
dictadura que propugnan una ideología basada en la exclusión, el
genocidio y la sumisión de l at s demás.
	Creemos que son ellos que nos tienen que indemnizar por el grave
perjuicio que sufrimos con nuestra detención y encarcelamiento, y por los
daños ocasionados a nuestra intimidad y la propia imagen al publicar
fotografías, nombres y apellidos de detenidos y afirmaciones
manifiestamente falsas y no contrastadas a los medios de comunicación.
	Creemos que la ilegalidad de las detenciones, las irregularidades del
proceso judicial y el perjuicio material y moral que nos ha supuesto este
proceso, son motivos de peso suficiente como para que se nos absuelva de
todos los cargos que se nos imputan y se pare el  proceso judicial contra
todos y todas nosotras.
	Invitamos a todas las personas, organizaciones y colectivos a
solidarizarse con nuestra postura y a manifestar su rechazo contra el
proceso judicial en qué estamos imputados y los procesos abiertos por los
hechos del 12 de octubre de otros años. También os animamos a pedir la
prohibición de los actos fascistas en Barcelona y apoyo para conseguir
que sucesos como los explicados no vuelvan a repetirse.
Asamblea de detenidos y detenidas de 1999
ESCRITO DE APOYO A LAS PERSONAS DETENIDAS EL  12 DE OCTUBRE  DE 1999
	Exigimos la absolución de las personas detenidas el 12 de Octubre de 1999
después de la celebración de la manifestación antifascista que tuvo lugar
en Barcelona como repulsa al acto del Día de la Hispanidad en el que se
exaltan valores homófobos, racistas e imperialistas y que cuenta con la
permisividad y connivencia de la Delegación de Gobierno.
-	Denunciamos la actuación policial de entonces que se saldó con 26
detenciones, así como el apoyo mediático totalmente criminalizador que
generó una supuesta "alarma social" que influyó en la decisión de la juez 
de mandar a 14 jóvenes a la cárcel durante 10 días.
-	Denunciamos la actitud de las instituciones hacia este caso por su
incapacidad permanente de gestionar el porvenir de los y las jóvenes, y
asumir y dar respuesta a las contradicciones y carencias  sociales.
	Ahora, tres años más tarde, las personas que al ser detenidas eran
mayores de edad, se enfrentan a un juicio, el próximo 14 de Enero, en el
que se les piden 3 años de cárcel y una pena multa conmutable de 8 meses
a 12 € al día. Los casos de las personas que eran menores de edad han
sido sobreseídos y las acusaciones archivadas.
Envío de zitzania [zitzania at sindominio.net]