[Infos] El Gobierno beneficia a los sindicatos amigos : Comisiones Obreras (CCOO) y UGT han encontrado una nueva vía de financiación : las pensiones de los trabajadores de la Administración del Estado

Wed Nov 10 09:54:14 CET 2004

>ARTÍCULO PUBLICADO EN LA REVISTA INTERVIÚ DE ESTA SEMANA.
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>  Assumpte: El Gobierno beneficia a los sindicatos amigos  :   Comisiones 
> Obreras
>(CCOO) y UGT han encontrado una nueva vía de financiación: las pensiones 
>de los
>trabajadores de la Administración del Estado
>     Per a: salvador-garcia at teleline.es
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>Martes 9 de noviembre de 2004
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>Comisiones Obreras (CCOO) y UGT han encontrado una nueva vía de
>financiación: las pensiones de los trabajadores de la Administración del
>Estado. Ambos sindicatos son accionistas, con un 30 por ciento, de la
>empresa que gestionará dicho plan de pensiones, que antes de noviembre
>recibirá una primera aportación de dinero público de 55 millones de euros.
>Además, ha existido una ‘autocontratación’ apoyada por el Gobierno, ya que
>los sindicatos formaron parte de la comisión que adjudicó el contrato.
>
>Texto: Manuel Rico
>
>Comisiones Obreras y UGT son organizaciones que viven del dinero público.
>Los ingresos que aportan las cuotas de sus afiliados equivalen a una mínima
>parte del presupuesto de gastos, lo que les obliga a buscar fuentes de
>financiación externas. El último recurso que han encontrado es el plan de
>pensiones de la Administración del Estado, cuya gestión ha sido adjudicada a
>una empresa de la que son accionistas ambos sindicatos. Si ya resulta
>sorprendente que se dediquen a hacer negocio con las pensiones, aún lo es
>más la forma en que se eligió a la gestora del plan: CCOO y UGT formaron
>parte del órgano de contratación y, al mismo tiempo, son dueños del 30 por
>ciento de la empresa contratada. Y todo con el apoyo del Gobierno
>socialista, cuyos representantes votaron a favor de la autocontratación
>sindical.
>
>Este plan de pensiones es el mayor de toda España por número de partícipes,
>530.000 trabajadores de la Administración, cifra que incluye a altos cargos,
>funcionarios de carrera e interinos y personal contratado. La única
>condición es que tengan una antigüedad de dos años. Para tener una idea de
>la magnitud de este fondo, basta indicar que a finales del pasado año no
>llegaba a 700.000 el número de españoles que contaban con un plan similar.
>
>El Gobierno deberá realizar una aportación inicial de 55 millones de euros
>antes de noviembre y, a partir de 2005, contribuirá con una cantidad anual
>que se fijará en los Presupuestos Generales del Estado. Los trabajadores
>podrán, por su parte, efectuar ingresos individuales.
>
>El origen de este plan de pensiones privado está en un acuerdo alcanzado, en
>noviembre de 2002, por el Gobierno del PP y los sindicatos. La adjudicación
>del plan se le encomendó a una Comisión Promotora, que estaba formada por 22
>miembros, 11 representantes de la Administración y 11 de los trabajadores.
>De estos últimos, 4 eran de CCOO, 4 de UGT y 3 de CSI-CSIF.
>
>El 5 de abril de 2004, se publicó en el BOE el anuncio del concurso de
>adjudicación. En total, se presentaron siete ofertas lideradas por las
>principales entidades financieras: BBVA, La Caixa, Caja Madrid, Banco
>Popular, Banesto, Banco Sabadell y la Confederación Española de Cajas de
>Ahorro (CECA).
>
>El interés de los grandes bancos del país es más que comprensible, ya que
>los planes de pensiones de los funcionarios son los que cuentan con mayor
>patrimonio en todo el mundo. Así que el asunto olía claramente a negocio.
>Las entidades financieras actúan como depositarias del dinero y para el
>concurso iban acompañadas de una gestora de fondos, en todos los casos
>controlada por el banco respectivo. Esta gestora obtiene sus beneficios de
>las comisiones que cobra.
>
>En una primera selección quedaron eliminadas las ofertas de Caja Madrid,
>Banco Popular y Banco Sabadell. Finalmente, el pasado 6 de julio, la
>Comisión Promotora adjudicó el concurso a la empresa Gestión de Previsión y
>Pensiones, cuyo accionariado está formado de la siguiente forma: 70 por
>ciento BBVA, 15 por ciento CCOO y 15 por ciento UGT. Ambos sindicatos son
>también accionistas de Fonditel, otra gestora que quedó finalista.
>
>Gestión de Previsión y Pensiones es una empresa que genera importantes
>ganancias anuales. De acuerdo con las últimas cuentas presentadas en el
>Registro Mercantil de Madrid, en 2002 obtuvo unos beneficios de 1,3 millones
>de euros. El 70 por ciento de esta cantidad se destinó a reparto de
>dividendos. O sea que, al menos en este caso, Comisiones y UGT actúan como
>empresarios que cumplen con la máxima de la acumulación de capital.
>
>La versión de Sevilla
>De acuerdo con la legislación sobre régimen jurídico de las administraciones
>y sobre contratos públicos, la adjudicación del plan de pensiones podría ser
>ilegal, ya que están obligados a abstenerse en el proceso de contratación
>quienes tengan intereses en las empresas adjudicatarias. Por tanto, los ocho
>miembros de CCOO y UGT en la Comisión Promotora no podrían haber participado
>en la decisión.
>
>Sin embargo, el Ministerio de Administraciones Públicas mantiene que la
>adjudicación es “absolutamente legal”, ya que el contrato firmado “tiene
>naturaleza privada”. Es más, el portavoz del ministerio que dirige Jordi
>Sevilla consideró de “sentido común” que los sindicatos estén en el
>accionariado de la empresa adjudicataria, “ya que es una forma de controlar
>y defender los intereses de los trabajadores”. Una afirmación que, como sabe
>cualquier persona que tenga conocimientos mínimos sobre la economía de
>mercado, resulta incorrecta: el control de la gestión corresponde a los
>miembros del consejo de administración, mientras que los accionistas son los
>dueños de la empresa que se reparten los beneficios obtenidos. Para
>controlar la gestión, por tanto, no es necesario ser accionista.
>
>En defensa de que el contrato no tiene naturaleza pública, el ministerio se
>apoya en un informe elaborado por la Abogacía del Estado. En dicho informe,
>que obra en poder de interviú, se concluye que la Comisión Promotora del
>plan de pensiones “no es un órgano de la Administración Pública”. En
>consecuencia, los contratos que firme dicha Comisión Promotora deben
>someterse a la normativa privada, en este caso la Ley Reguladora de los
>Planes y Fondos de Pensiones. El informe fue firmado por el anterior abogado
>general del Estado, Arturo García-Tizón, el pasado 31 de marzo.
>
>Hay que destacar que, en el mismo informe de Tizón, se señala textualmente
>que los miembros de la Comisión Promotora “adoptaron voluntariamente la
>opción de someter la adjudicación del contrato a las previsiones de la Ley
>de Contratos de las Administraciones Públicas (LCAP), como garantía de
>objetividad y transparencia del proceso”. El ministerio de Sevilla mantiene
>que esta decisión “se cumplió”, aunque parece claro que la LCAP prohíbe la
>autocontratación practicada por los sindicatos.
>
>La adjudicación ha sido recurrida por dos organizaciones sindicales que la
>consideran ilegal. Un portavoz de CSIT-UP, que cuenta sobre todo con
>representación en Madrid, anunció el pasado mes de julio en el diario El
>Mundo su decisión de pedir que se anulase el contrato. Además, la Federación
>de Sindicatos de la Administración Pública ha presentado otro recurso en el
>mismo sentido. Esta federación, que ha logrado entrar a formar parte de la
>Mesa General de la Función Pública tras las últimas elecciones, ha enviado
>una carta al ministro Jordi Sevilla explicándole las supuestas
>irregularidades.
>
>´La mejor oferta´
>Miguel Ángel Crespo, representante de CCOO en la Comisión Promotora,
>defendió en declaraciones a esta revista la limpieza del proceso de
>adjudicación. Crespo admitió que, en el momento de elegir entre las ofertas,
>sabía que la ganadora estaba participada por su sindicato. Pero consideró
>que su actuación no había sido sólo legal, sino también ética: “La propuesta
>de Gestión de Previsión y Pensiones era con diferencia la mejor. Si hubiese
>votado a otra, estaría actuando en contra de los intereses de los
>trabajadores. Nuestra obligación era elegir a la gestora que reuniese las
>mejores condiciones, y las diferencias eran tan grandes que no existió
>ninguna duda. De hecho, la decisión se adoptó por unanimidad”. El dirigente
>de Comisiones aseguró que el sindicato no ha realizado ningún cálculo de los
>beneficios económicos que obtendrá, gracias al capital que tiene en la
>empresa que gestionará el plan de pensiones. “Pero supongo que beneficios sí
>habrá”, indicó.
>
>Aurelio Palomares, dirigente de UGT, también se declara muy satisfecho con
>el trabajo de la Comisión Promotora: “Hemos dado un ejemplo en todo el
>proceso de adjudicación. Los documentos, que se pueden consultar, muestran
>que se actuó con pulcritud”. Además, Palomares coincide con el Gobierno en
>destacar que el contrato no tiene naturaleza pública.
>
>Por su parte, un portavoz del BBVA recordó que la empresa adjudicataria es
>líder en el sector y destacó la “limpieza y transparencia” del concurso.
>
>El Gobierno deberá decidir ahora si anula el proceso. Salvo intervención de
>la superioridad, Administraciones Públicas parece decidida a avalar la
>adjudicación. Una postura que sentaría un curioso precedente: la
>autocontratación, apoyada por los representantes del Gobierno y pagada con
>dinero público.
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