[Infos] JUICIO AL LABORATORIO 03

[Alejandro Martin Jimeno]

El día 8 de marzo tendrá lugar el juicio oral contra 16 personas
acusadas de okupación/usurpación en Madrid. En esos 16 ciudadan at s,
hombres y mujeres, jóvenes y no tanto, la mayoría vecin at s de Lavapiés,
se personaliza la responsabilidad penal por la existencia, durante 16
meses, de El Laboratorio 03, centro social autogestionado okupado en
Lavapiés el 8 de febrero de 2002 y desalojado por la policía
antidisturbios el 9 de junio de 2003.

Desde el punto de vista estrictamente penal, la okupación es un delito
castigado con la cárcel desde la aprobación del nuevo Código penal (art.
245) vigente. Desde un punto de vista más amplio, sin embargo, son
muchos los sectores ciudadanos que vieron en El Laboratorio 03 una
iniciativa social singular y legítima, un acto permanente de denuncia de
la especulación urbanística y un modelo sumamente creativo de
autoorganización de las experiencias sociales, culturales, artísticas,
políticas, vecinales que se desenvuelven independientemente de la
cultura, los discursos y los dineros oficiales. Así se manifestó durante
los 16 meses de existencia de El Laboratorio03, cuando decenas de
colectivos e iniciativas sociales y culturales mostraron su adhesión al
proyecto, aportando declaraciones de apoyo, realizando las actividades
que le dieron vida y forma o participando activamente en su desarrollo.
En la página web de El Laboratorio (www.laboratorio3.net) aún se puede
ver parte de los acontecimientos que tuvieron lugar en torno a El
Laboratorio 03. Un amplio dosier recoge asimismo la mayor parte de las
actividades y propuestas que se realizaron en El Laboratorio 03.

Quizá el juez al que corresponde dictar una sentencia (sr. Francisco
Ferrer Pujol, del juzgado de lo penal núm. 5) para estas 16 personas no
quiera enredarse en estos términos y determine que, por más que el valor
social de El Laboratorio fuera ampliamente reconocido, la ley exige un
castigo a la okupación, y condene a estas personas: para ellas la
acusación particular, en representación de la propiedad, pide un total
de 8 años de multa, valorando en 144.000 euros la cantidad total a pagar
para no ingresar en prisión.

Sin embargo, para nosotr at s, los hechos que se juzgan no son tan sencillos.

De antiguo, pero nuestro ejemplo más reciente es el movimiento
antimilitarista por la insumisión, los movimientos sociales, bajo
cualquier régimen, han postulado el recurso a la desobediencia cuando
las leyes sancionen situaciones injustas. Valorar cuándo una situación
social es injusta no es fácil: hay lógicos cruces de intereses.

Para el sector inmobiliario y de la construcción madrileño no es
injusto, sino muy rentable, mantener vacíos o demoler edificios en buen
estado de conservación, llevados por el interés de obtener el máximo
rendimiento económico: los daños colaterales, la escalada de precios de
la vivienda, la mercantilización del espacio público, la destrucción de
patrimonio, el despilfarro energético y de recursos, las consecuencias
sociales que la intervención tenga sobre el territorio intervenido, son
consecuencias de las que no cabe responsabilizarse.

Para los sectores que no pueden acceder a una vivienda o a un espacio
donde desarrollar sus proyectos ciudadanos, los abandonados por los
poderes públicos a un mercado que los excluye o los margina, para esos
sectores, la situación es injusta.

Y la ley que regula el conflicto entre los sectores, excluidos por el
mercado y marginados de la construcción de la ciudad, que buscan (y
toman) un espacio de vida, por un lado, y el sector inmobiliario y las
administraciones públicas que olvidan los derechos sociales (el derecho
a un alojamiento, el derecho a participar en los asuntos comunes, el
derecho a tener espacios para el desarrollo individual y colectivo), por
otro, la ley que sanciona la okupación, opta abiertamente por proteger
solo uno de los intereses en conflicto: el de los propietarios. Por eso,
para la gente que constituimos El Laboratorio, la ley contra la
okupación nos parece abiertamente injusta: y merece ser desobedecida.
Así lo hacemos.

Porque otros órdenes del derecho, los derechos sociales, la función
social que debe regir el uso de la propiedad, el derecho a participar en
los asuntos públicos, el derecho a acceder en condiciones de igualdad a
los medios necesarios para el desarrollo individual y colectivo,
derechos expresados en algunos de los textos legales que nos rigen,
están abiertamente olvidados.

Porque esta ley sanciona a los desfavorecidos por una situación que es
de sobra conocida: la mercantilización y la especulación que hacen que
la vivienda sea un negocio para unos la convierten en un problema para
otras; los espacios públicos, privatizados, deficientemente gestionados,
son inservibles para buena parte de las iniciativas sociales; la
participación en los asuntos públicos parece reservada a formas de la
política profesional aborrecibles y a modos de organización jerárquicos
y premodernos; la cultura es un reservorio más del dinero; la
comunicación es un simulacro entre guiñoles; la precariedad de los
trabajos y de las rentas convierte en invisibles las vidas de quienes no
tienen acceso al consumo masivo y se resisten al cotidiano ordenadamente
disciplinado.

En febrero de 2002, con la okupación de un edificio en Amparo 103 -El
Laboratorio 03-, varios cientos de personas firmaron una declaración en
la que se autoinculpaban de sostener, por medio de un acto de
desobediencia, los derechos sociales perdidos, usurpados; y se
proponían, con un acto de denuncia, confrontar esa situación injusta; y
se disponían, con un acto propositivo, a poner en marcha un proyecto
social democrático y participativo en un edificio que estaba vacío y
destinado a desaparecer para dejar paso a una operación especulativa.

Tanto el fiscal del Estado como la acusación particular (formada por
cuatro propietarios, uno de ellos, el dueño de una importante
inmobiliaria, Arocasa) y el propio juez de instrucción decidieron no
tener en cuenta esas declaraciones, y se acusó tan solo a 16 personas de
ese ?delito? colectivo. Los nombres de esas personas procedían de un
informe policial en el que se metían en una batidora un total de 25
nombres, procedentes de identificaciones policiales llevadas a cabo en
el desalojo de El Laboratorio 02, de identificaciones aleatorias en el
barrio de Lavapiés y de identificaciones de personas que asistían a una
reunión de un colectivo antiglobalización. Las 16 personas ahora
acusadas reconocieron, en su primera declaración, realizar actividades o
frecuentar El Labo 03, pero nunca han asumido que eso sea un delito.

Será al juez, ahora, a quien corresponda calificar penalmente esos
hechos y decidir si, precisamente, esas 16 personas, o algunas de ellas,
entre los cientos de participantes en El Labo 03, son las que han de ser
castigadas. Porque de un castigo se trataría: la propiedad, recuperado
el control del edificio, lo demolió y está promoviendo ya aquello que
era de su interés: nuevas viviendas de alto precio para el nuevo sector
de alto poder adquisitivo que está ocupando, poco a poco, el espacio de
un barrio tradicionalmente popular y accesible. Fina ironía, que la
propiedad denuncie el daño causado por la okupación, cuando los
beneficios con que cerrará la operación serán de millones de euros.

Pero será a la sociedad civil a quien le corresponda calificar
políticamente esos hechos. Y decidir si se está de acuerdo con que el
Código Penal castigue a personas que nunca han perseguido el beneficio
personal con sus actividades en los centros sociales okupados. Serán
también los partidos políticos con representación institucional en
Madrid que apoyaron al Laboratorio en tiempos de las movilizaciones
contra la guerra, cuando el Labo era un espacio de efervescencia de ese
movimiento, quienes tendrán que pensar si la penalización de la
okupación no debe ser inmediatamente revisada.

Las administraciones madrileñas (una de cuyas máximas representantes, la
ex consejera de la Comunidad de Madrid y ahora concejal de las Artes del
ayuntamiento Alicia Moreno, visitó El Laboratorio 03, conversó con
algun at s de sus gentes y reconoció públicamente el interés de la
iniciativa) tendrán que plantearse si es ajustado encarcelar a quienes
han participado en una experiencia que ha cambiado el imaginario de lo
que es posible realizar en Madrid en materia social, cultural, artística
y de participación. Tanto, que en el centro de las prioridades del
gobierno municipal se han situado las intervenciones sobre las viviendas
vacías; tanto que, después de años proponiendo un proceso de negociación
desde los Laboratorios, el propio equipo de Gallardón ha incluido en su
plan para el centro de Madrid la apertura de un centro autogestionado en
Lavapiés, un centro que cientos de personas reivindican impulsando la
apertura de un debate para su constitución en la Antigua Fábrica de
Tabacos de Embajadores.

Esos son los componentes básicos de lo que se juzgará el día 8 de marzo
en Madrid. De producirse una condena a las 16 personas encausadas por el
proceso de El Laboratorio, la distancia entre la ley y la justicia no
hará sino incrementarse.


Carta de apoyo, adhesiones, jornadas 5-6 de marzo.
www.sindominio.net/laboratorio