[unomada-info] Manifiesto de los comunes. Por una nueva carta de derechos sociales

[Infos de la Universidad Nomada]

Manifiesto de los comunes. Por una nueva carta de derechos sociales

Redactado y firmado ante las elecciones municipales de mayo de 2011

La crisis es hoy el fantasma que recorre Europa. Las élites políticas,
de la mano de las económicas, llevan más de tres años prometiendo una
vuelta a la «normalidad» que en modo alguno se corresponde con lo
ocurrido. Antes el contrario, las políticas y las intervenciones han
puesto el beneficio y la renta financiera por encima de cualquier otra
consideración. La apropiación capitalista de la vida social, la
insistencia sobre la necesidad de la mal llamada austeridad, el recorte
del welfare y de los derechos, la privatización de los bienes comunes no
son, en definitiva, más que políticas de desposesión y depredación
social. Ésta, y no otra, es la realpolitik que hace caer el peso de la
crisis sobre las capas medias y bajas de la sociedad.

Frente a la iniciativa de los ajustes y las reformas dirigidas sólo en
beneficio de los más poderosos, nunca se insistirá demasiado en que la
crisis es ante todo crisis de la política, y que la tenaza que se nos
propone entre la presión, por arriba, de los privilegios financieros, y
la involución, por abajo, de una nueva guerra entre pobres, es
inaceptable y mezquina, producto de una coyuntura histórica que debemos
invertir. Nada, en este sentido, puede ser más urgente que rechazar los
populismos de la nueva derecha, catalizadores de egoísmos desesperados,
su movilización contra viejos y nuevos chivos expiatorios, llámense
migrantes, estudiantes, trabajadores del sector público, jóvenes o
cualquier otro sector de «población» que de una u otra forma se
considere «amenaza» u «objeto de privilegio» en una sociedad hace ya
tiempo desarmada por el miedo. Desgraciadamente, el futuro de lo común
se juega en la capacidad social para extirpar el odio a la diferencia.

La izquierda, por su parte, sin diferencias en sus distintas versiones,
de la izquierda representativa a la alternativa, de la más tibia a la
más extrema, se regodea en la melancolía y la impotencia. Incapaz de
comprender las dimensiones de la crisis, de presentar ni propuesta ni
práctica novedosa a la altura de los tiempos, de apuntar mecanismos
innovadores de distribución de la renta y de ampliación de los derechos
sociales, es el blanco de una desafección política generalizada que la
lleva por la pendiente de una paulatina pérdida de apoyo social y
electoral. Y esto, si es generalizado en Europa, lo es multiplicado en
el Estado español. Aquí, hace ya tiempo que la izquierda se despeña en
una suerte de suicidio largamente preparado. El «no os fallaré» de
Zapatero de 2004 o las promesas de los gobiernos de izquierdas como los
de Cataluña, o Galicia, o Baleares, o Barcelona, o tantas otras
ciudades, son hoy tristes ejemplos de la retórica hueca de la clase
política. No hace falta repetirlo: estos gobiernos ni han reinventado
las formas democráticas, ni la relación Estado-ciudadano, ni obviamente
han emprendido políticas diferentes a las prescritas en los manuales de
administración y gerencia territorial. Y todo esto, cuando su propia
ventana de oportunidad de acceso a la gestión institucional a comienzos
de la década del 2000, sólo se abrió —sin que esa izquierda
institucional supiera ni tan siquiera advertirlo— por mor de las
iniciativas de un nuevo ejercicio de movimientos y campañas ciudadanas:
desde las movilizaciones contra la guerra hasta el 13-M, del Nunca Mais
a las luchas locales contra el expolio del agua y del territorio. Se dió
así la oportunidad histórica de abrir un ciclo de renovación política
que pensara a la sociedad como algo más que una mera agregación de
ciudadanos-votantes; y la transformación social desde las instituciones
representativas, como algo más que la simple concesión de derechos
puntuales, programada de arriba hacia abajo. Esa oportunidad ha sido
claramente malgastada, con las consecuencias irreversibles para la
democracia que ello pueda acarrear.

En las coordenadas de este paisaje marcado por los puntos cardinales de
la nueva ofensiva de las élites financieras y del retroceso mencionado
de una pacata izquierda institucional, se nos convoca de nuevo a
elecciones municipales y, en muchas comunidades, a elecciones
autonómicas. Entre las respuestas esperables se impone con progresiva
nitidez el «no me representan», o más llanamente «su historia no refiere
a mí». Los tiempos son los de la abulia y la atonía entre opciones que
ni convencen ni se reconocen como alternativa.

A punto pues de comenzar la campaña electoral, y la larga letanía de
promesas tibias, nuestra apuesta no puede ya pasar por la confianza en
logos y marcas ciegas, o por opciones del tipo «apoyo lo menos malo». La
apuesta sólo puede ser ofensiva, y pasa por inventar otra ética, otra
política más allá de la nostalgia y la resignación. Sin caer en falsos
convencionalismos, sin reivindicar un localismo estrecho, en un mundo
donde casi todo pasa por procesos y determinaciones globales, la ciudad,
en esta coyuntura, puede ser sin embargo un espacio privilegiado de
intervención: escenario para una nueva generación de luchas por la
reapropiación y reinvención de lo común; territorio idóneo para la
recreación de una cultura del compartir, de la diferencia y de la
diversidad como goce; primer experimento para nuevas formas de
redistribución de la riqueza y del tiempo de trabajo.

En este marco, la política, la política urbana (cuya deriva se
escenifica en estas elecciones), se enfrenta a dos opciones: o bien se
rinde a su vieja ecuación y opta así por la competitividad urbana, con
el objetivo del crecimiento y el empleo, donde acaba aceptando el falso
supuesto de la escasez de recursos, y en consecuencia la inclusión
diferencial; o bien apuesta por nuevos derechos que reconozcan las
capacidades productivas y de creación de riqueza de las interacciones
urbanas, con independencia o no de su expresión contable. La
movilización política de la ciudad pasa, en esta última opción, por la
movilización de los nuevos derechos, los derechos emergentes. Es obvio
que estos derechos emergentes superan los límites de la actual
organización política e institucional europea, y que precisan, en
paralelo a un espacio y tiempo político europeo de las luchas sociales y
políticas, de una revolución institucional en la Unión Europea que acoja
jurídica, fiscal, monetaria y políticamente estas demandas,
estableciendo la única geometría que responde a las reglas de justicia
distributiva y de equidad continental, la de una federación europea de
ciudades y regiones libres al servicio de quienes producen y reproducen
los bienes comunes. Las políticas de austeridad ponen de manifiesto que
el principal baluarte de las oligarquías financieras en Europa son los
Estados-nación titulares de soberanías caducas y al servicio del sistema
de partidos, de las elites financieras a estos asociados, y de las
corporaciones surgidas de la privatización de los bienes comunes
naturales y de su aprovechamiento. Las revoluciones democráticas en
curso en el Mahgreb y en el mundo árabe son un acicate, una inspiración
y un desafío para rebeldes y demócratas euromediterráneos.

Como no podía ser de otra manera, se trata de estimular un nuevo ciclo
de luchas y conquistas sociales. Luchas y movilizaciones de los pobres y
de los nuevos ciudadanos. Luchas de la pobreza, en las que pobreza se
construye como potencia, y no como carencia. No hace falta adivinar las
temáticas abiertas a la movilización urbana. Se trata de enunciados y
problemas ya presentes en la agenda de los movimientos y las
reivindicaciones ciudadanas, que se presentan como el primer borrador
para la formulación de los nuevos derechos, los derechos emergentes.
Podemos recoger, efectivamente, estos enunciados en forma de una Carta,
la Carta de los Derechos Comunes Urbanos:

1) Derecho universal e incondicionado a una Renta Básica. Digámoslo sin
ambages: la mayor parte del trabajo de cuidado, de la actividad
creativa, de la formación, no es remunerada en forma alguna. En la
medida en que la ciudad la vida deviene actividad productiva, el trabajo
asalariado no puede ser ya la condición del trabajo en general, sino
sólo una de sus situaciones particulares. La jurisprudencia y la
política fundamentan, no obstante, toda posibilidad de derecho en el
trabajo asalariado. No extrañe así que los derechos queden rebajados a
la condición, en última instancia, de derechos laborales. La debilidad y
la estrechez de semejantes cimientos degenera siempre en menos
protección social y menos derechos para una parte creciente de la
población. Es por ello que la Renta Básica, o un salario universal
incondicionado (pongamos 800 euros, el salario medio del precariado en
España), no sólo paliaría los sufrimientos y penurias de millones de
personas que se encuentran en el paro o que sencillamente sufren a
diario la hiperexplotación y la infrarremunaración, sino que sería
también un justo pago del trabajo actualmente no remunerado. En este
campo, los gobiernos territoriales pueden hacer importantes avances:
tasando las actividades especulativas sobre el suelo y la vivienda,
gravando las rentas financieras, revertiendo las desigualdades con toda
clase de prestaciones (transporte, vivienda, renta), preparando en
definitiva el terreno para hacer efectiva la distribución equitativa de
un excedente de riqueza que es mayor que en cualquier época pasada.

2) Reconocimiento de los comunes. No hay vida, ni sociedad, ni
existencia colectiva digna de tal nombre sin el reconocimiento de los
medios y recursos comunes que la sustentan. La ciudad aparece como tal
en su dimensión pública y común, en su constitución como espacio
público. Pero también en el conjunto de garantías necesarias para la
reproducción de la vida: desde la salud y el cuidado, hasta el medio
ambiente y los bienes naturales (como el agua y el aire); desde la
educación hasta las pensiones. Sin el reconocimiento de la condición
común de estos bienes y recursos, la vida urbana no sólo se marchita en
una cadena de obligaciones sometidas a distintos dispositivos de
explotación (como la hipoteca, el trabajo precarizado, las formas
privadas de aseguración social, etc.), sino que propiamente se desvanece
en una colección de vidas privadas y enfrentadas al reto de la
supervivencia. Los poderes económicos han encontrado aquí el lugar
privilegiado para la expansión de nuevas formas de beneficio:
privatizando los servicios públicos de salud, atacando las pensiones en
favor de los fondos privados, encareciendo abusivamente la educación
pública al tiempo que promocionaban la formación concertada y privada.
Es por ello que lo que aquí se juega es el futuro de la sociedad en
tanto tal: el reconocimiento de formas de propiedad y gestión comunales,
y no sólo como bienes patrimoniales en manos de las instituciones
públicas, es la mejor defensa y argumento frente a la privatización
generalizada de la existencia.

3) Derecho a la información y a la libre producción y reproducción de
conocimiento. El conocimiento es ya uno de los más importantes bienes
comunes de nuestro tiempo: generado por medios cada vez más colectivos,
producto de una ingente inversión social (además de grandes cantidades
de dinero público), compartido en redes y espacios de intercambio. Es
así que toda apuesta política consecuente debe proponer primero la
quiebra de toda traba institucional a la producción, modificación y
multiplicación de los conocimientos. La actual ofensiva por la
privatización del conocimiento, lejos de mostrarse como una solución
viable para la producción de un acervo creciente de obras intelectuales,
es hoy el principal obstáculo a las formas de cooperación e intercambio
que efectivamente lo garantizan. Los gobiernos locales deberán trabajar
en este terreno a través del estímulo de la inversión pública y la
experimentación colectiva con formas innovadoras de producción y
distribución del conocimiento y la cultura. Sólo así se reconocerá y se
defenderá el valor social (y también económico) de una de las mayores
producciones colectivas de nuestro tiempo.

4) Derecho a la movilidad. La declaración de un estatuto de ciudadanía
universal es la única contraparte justa a la financiarización del ciclo
económico, la hipermovilidad del capital y la aceleración vertiginosa de
las tasas de explotación del Sur Global. Este derecho sólo obtendrá
cumplida realización con la abolición de las fronteras interestatales,
pero también de aquellas más sutiles que fragmentan los espacios urbanos
en zonas de exclusión, guetos migrantes y espacios de control. Las
fronteras internas reproducen efectivamente la gradación de las
libertades dentro de un mismo espacio urbano y al mismo tiempo hacen
efectiva la negación de los derechos más elementales: a la residencia,
al voto, de asociación, a una renta mínima, etc. Las instituciones
locales y los gobiernos de las ciudades pueden y deben intervenir en la
abolición de tales mecanismos de exclusión, restableciendo en la
práctica (por medio del acceso a los servicios y derechos sociales) un
estatuto generalizado de ciudadanía en igualdad de condiciones. En caso
de no hacerlo, los espacios urbanos degenerarán en las realidades
monocolor de la segregación, la inclusión diferencial, mayor desigualdad
y en definitiva una creciente ingobernabilidad.

* * *

Esta Carta de los Nuevos Derechos se plantea como una de las posibles
opciones para reprogramar el welfare, y como un proyecto político y
económico que invita y apela a cualquier partido que se reclame de
izquierdas. Y sin embargo, no es la fórmula para que los partidos de
izquierda representen a la ciudadanía. La ciudadanía se constituye hoy
como tendencia a la autorepresentación. Migrantes, mujeres, afectados
por las hipotecas, la destrucción del medio o la degradación de los
servicios públicos, comunidades agrupadas en torno a formas de vida,
redes sociales y un largo etcétera de agregaciones emergentes han
encontrado formas de hablar por sí mismas, sin la mediación de aparatos
institucionales o representativos cada vez más minoritarios y caducos.
Es la hora de que la izquierda ensaye planteamientos nuevos que sólo
pueden pasar por la aceptación de los límites a su representatividad y
por la cooperación con los movimientos y las formas de agregación que
crecen en las nuevas texturas urbanas. Es en esta capacidad de escucha
donde el acceso a la vivienda, el derecho a la salud y el cuidado, el
reconocimiento de los comunes, el derecho al estudio o el derecho a la
movilidad resuenan como el clamor subterráneo de los nuevos tiempos, así
como el ejercicio cotidiano de nuevas formas de habitar la ciudad. Se
trata de propuestas y programas prácticos del movimiento real que anula
y supera el estado de cosas actual, y que apenas necesitan de la
participación de los gabinetes de expertos. Sencillamente se requiere
que los gobiernos locales, y de modo obligatorio aquellos de izquierda,
se plieguen y se pongan al servicio de las urgencias que suscriben estos
movimientos.

A quienes suscribimos esta declaración no nos cabe ninguna duda que esa
es la tarea a realizar por parte de las autodenominadas izquierdas. Caso
contrario su tiempo histórico se acortará a marchas forzadas.

Envía tu adhesión a la siguiente dirección:
manifiestoadhesiones en yahoo.es, con tu nombre completo, actividad y lugar
de residencia. Iremos publicando las adhesiones en una pagina especial
dedicada al presente Manifiesto.

O bien firma en la siguiente petición on-line.

El Manifiesto en formato PDF: A3 y A4.



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