[unomada-info] Aparatos de Estado y construcción de poder colectivo, de Montserrat Galcerán

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APARATOS DE ESTADO Y CONSTRUCCIÓN DE PODER COLECTIVO Montserrat Galcerán
Publicado en www.diagonalperiodico.net, núm. 175, mayo de 2012.

 Decían los clásicos que una situación revolucionaria se caracteriza por la
existencia de un doble poder: el poder del Estado, expreso en sus
instituciones gubernativas tales como el Ejecutivo, la policía, los
tribunales de Justicia y los Parlamentos; y de otro lado la pléyade de
asociaciones, consejos, comunas o colectivos en los que “el pueblo” se
organiza, debate y emprende las correspondientes acciones. Durante una
revolución esos dos poderes coexisten; históricamente el proceso termina
cuando uno de ellos triunfa, ya sea por un golpe de la contrarrevolución
que restaura la situación anterior, ya sea por un avance de la revolución
que crea nuevas instituciones.

Así fue en las revoluciones clásicas en las que el conflicto terminaba con
un enfrentamiento armado. La novedad de los procesos constituyentes a
finales del s. XX y en el XXI, especialmente en América latina, es que los
movimientos sociales logran construir plataformas políticas con las que
acceder al poder del Estado por la vía electoral pero el doble poder
perdura en convivencia tensa con el poder estatal. El poder colectivo no
desaparece en las instituciones estatales ni se agota en los procesos
electorales, manteniendo siempre un “contra-poder” en acto en el que se
expresa la potencia colectiva desafiando el poder institucionalizado.

Pero mientras que en América latina, tras una década de endeudamiento y de
chantaje, han sabido reaccionar, en Europa se ha dado un movimiento
inverso. Ante una izquierda estupefacta y temerosa de conjurar los viejos
fantasmas de la revolución, los sectores neoliberales han impulsado una
auténtica “revolución conservadora” utilizando para ello todas las palancas
del Estado. La estrategia neoliberal victoriosa podría esquematizarse en
varios pasos que han ido siguiendo meticulosamente en los últimos decenios:
primero se lanza una campaña de desprestigio de los servicios públicos y de
los discursos tradicionales de izquierda aprovechando hasta el último
resquicio de sus debilidades; a continuación se conquistan espacios en las
instituciones públicas lanzando desde ellos operaciones de gran calado que
les refuerzan económicamente y les reportan cierta popularidad. En Madrid
tenemos abundantes ejemplos con la construcción de infraestructuras, con la
ingente cantidad de dinero público gastado en las campañas para las
Olimpiadas, con la creación de los hospitales de gestión privada, con las
ventajas para las escuelas y Universidades privadas, … Una vez instalados
en el Estado se pone en marcha una espiral virtuosa por la que la magnitud
de sus proyectos alimenta su prestigio hasta que estalla la crisis y se
pone de manifiesto la endeblez de todo ello y, lo que es más importante, la
magnitud de la deuda. Como consecuencia del endeudamiento se impone la
austeridad y los recortes.

Lo curioso de este modo de hacer política es que los aparatos del Estado
son los agentes de la privatización, la mercantilización y el endeudamiento
y, ahora, de las medidas de recorte del gasto. Aunque el discurso siga
siendo el del “hombre que se hace a sí mismo” del liberalismo clásico, nada
tiene que ver con el poder económico y político que los sectores
neoliberales ejercen desde sus puestos públicos y canalizan en provecho de
sus empresas y consorcios, subcontratando los negocios a las empresas
amigas y alimentando la corrupción política. Esta política,
desgraciadamente, va más allá de las siglas puesto que, a pesar de sus
diferencias de estilo y a veces de discurso, los dos partidos mayoritarios
han operado del mismo modo, haciendo del poder público institucional una
palanca para los negocios del grupo. De ahí el rechazo de las estructuras
políticas actuales y la necesidad de construir un poder colectivo
constituyente.

La deuda pública, la mal llamada “deuda soberana” no es pues una deuda que
se haya generado para dar a los ciudadanos mayores o mejores servicios
públicos sino que, en gran parte, es una deuda consuntiva que se suscribió
para pagar esas mismas contratas que financiaban las campañas electorales,
o las grandes infraestructuras o los eventos mayúsculos de los últimos
años. Es una deuda que nada tiene que ver con el bienestar de los
ciudadanos aunque haya sido suscrita por las administraciones públicas en
un marco de legalidad.

El 15M está poniendo en la picota ese tipo de política. A día de hoy
todavía no sabemos calibrar claramente la radicalidad de la denominada
spanishrevolution pero intuimos que estamos desbrozando un camino nuevo.
Estamos construyendo un poder colectivo que se expresa en las múltiples
asambleas y en las acciones que se están llevando a cabo en todo el
territorio nacional; estamos construyendo nueva institucionalidad política,
rebasando la limitación de la participación en el ritual de las elecciones
y del espectáculo de los Partidos. Con ello se está abriendo una situación
de doble poder en que el “principio de autoridad”, detentado por los
poderes instituidos se enfrenta al “poder democrático” ejercido a través de
las acciones masivas de desobediencia civil.

Ahora bien, ¿qué es lo que “está constituyendo” este poder constituyente?,
¿cuáles son los rasgos o puntos de engarce del “poder en acto” que estamos
ejerciendo. En mi opinión cabe diferenciar varios aspectos:

En primer lugar *el tejido de asambleas locales y de barrio*, que con la
asamblea general más las múltiples comisiones y plataformas configura un
embrión de poder local capaz de desarrollar debates y discusiones, tomar
decisiones, y encauzar la actividad de las innumerables personas que
participan en el movimiento. Ellas son las que están paralizando los
desahucios e imponiendo la “dación en pago”, las que negocian con los
bancos y las que ayudan a la ocupación de viviendas vacías y al realojo de
aquellos que pierden sus casas ante la total despreocupación de las
autoridades, cuyo objetivo es proteger a los bancos y no a las personas.

En segundo lugar se dibuja un mapa de *nuevos derechos* que rebasa el
individualismo liberal de los derechos de primera generación e introduce
los nuevos derechos emergentes: el derecho a la vivienda, a la ciudad, a la
producción de cultura, al uso libre de Internet, a una renta garantizada
para todos y todas, en fin el “derecho a tener derechos” para todos los
habitantes de los ricos territorios contemporáneos. Esos derechos son
fundamentales y no están recogidos en las legislaciones actuales.

En tercer lugar se empieza a plantear que todas esas innovaciones deberían
dar lugar a una nueva Carta Magna, *una nueva Constitución* que rebase la
de 1978, ya obsoleta, en cuya elaboración – ¡no como entonces! – tendrían
que intervenir activamente todos esos nuevos poderes. Esa nueva
Constitución no debería ser el final – como ocurrió en la Transición – sino
el principio de una revolución democrática.
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