[cafe-sd] Campaña Urgente

[Amer L]

  SITUACIÓN DE LOS PRESOS POLÍTICOS DEL PERÚ
 

AL PUEBLO PERUANO

A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL

A LOS ORGANISMOS DE DD.HH.

A LAS INSTITUCIONES SINDICALES, GREMIALES, ESTUDIANTILES.

PRESENTE.-

 

"Hemos sufrido impacientes bajo la tiranía,

hemos peleado como hombres, y algunas veces como gigantes, estamos

atravesando aquél período de reposo turbulento, lleno de gérmenes de

revuelta... tenemos que batallar para conquistar la libertad"

(José Martí)

La conciencia política de una nación  no se apaga encarcelando a los cultores del sueño a una sociedad justa, sin diferencias, donde los gobiernos no conculquen los derechos a pensar, a elegir a ser solidarios y tener ilusiones a un mundo sin amos, ni alguacil con prácticas de inquisidor moderno.

Perú: país de eterna resistencia contra la violencia de estado construyó esta  cultura desde tiempos inmemoriales: colonia, virreinato, república y contra las dictaduras que impusieron la corrupción y abuso del poder  como norma legal.

En este contexto, desde que la violencia se intensificó en el Perú, ésta ha tenido distintas manifestaciones y nos remitimos a las décadas del 60 y 70. El descontento se expresó en bloqueos de carreteras, toma de fábricas, movilizaciones estudiantiles, tomas de tierras, paros nacionales y otras formas de resistencia contra regímenes cada vez  más des-legitimados  y  anti-populares. Era la lucha del  pueblo por mejores condiciones de vida y por una real  y auténtica democracia.

Siempre la respuesta fue la represión indiscriminada contra los luchadores sociales, dirigentes gremiales, estudiantiles y militantes  de la izquierda  que fueron vinculados directamente con la resistencia a las dictaduras de entonces que desarticularon las incipientes organizaciones   armadas  que insurgieron para  exigir   soluciones a las justas demandas de las necesidades básicas del  pueblo.

En la década del  80  un grupo  más numeroso de peruanos insurgen con  un  nuevo  referente de insurrección  armada para tratar  de construir  una  alternativa de sociedad  diferente. Existió una respuesta integral   que implicó   iniciativas  de carácter legal.

Penalizando  y  tipificando   las acciones armadas como delitos de terrorismo,  implementando también  acciones de carácter asistencial en las zonas donde actuaban las organizaciones alzadas en armas. La represión se intensificó declarando vastas zonas del territorio peruano en estado de emergencia, controlados por las FFAA. Las torturas, las violaciones a los derechos humanos fueron en aumento: comunidades campesinas arrasadas, matanza de periodistas que buscaban la verdad de la escalada de violencia de las FFAA. Las torturas, fosas con los cadáveres de los detenidos desaparecidos, las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones se fueron dando como parte de la estrategia contra  la subversión.

Esta llamada democracia  del conservador Fernando Belaúnde Terry (AP. 1980-1985)  salpicado de sangre y  demagogia terminó sin resolver las graves denuncias de abuso de poder y violación a los derechos humanos por parte del comando conjunto de las FFAA. y  FFPP.

Luego dejó el  poder al populista socialdemócrata Alan García Pérez (APRA 1985-1990) sanguinario "demócrata" que ordena a  las FF.AA.  el aniquilamiento en una emboscada por aire y tierra a una columna guerrillera en Molinos-Jauja (Junio-1987) y la  masacre en  los penales de Santa Bárbara,  Lurigancho y El Frontón durante el congreso socialista  en Lima (1986). Más de 300 muertos fue el saldo en este ataque de la "democracia" contra los presos políticos. Las violaciones a los derechos humanos y el abuso de poder se dieron en todas las  capas sociales y políticas del país.  La corrupción se agudizó y la situación económica se reflejó en una  traumática recesión económica y una inflación del 3000%. Entre el caos y la desesperanza de las mayorías  terminó su período el  28 de julio de 1990.

En la  década pasada (90) con Alberto Fujimori como presidente,  se esperaba un acercamiento a  las organizaciones alzadas en armas para la conformación de una mesa de diálogo, de acuerdo a lo prometido  durante la campaña electoral también  ofreció no aplicar el shock económico por la crisis económica que afecta a la gran mayoría del país.

Pero ante el estupor del pueblo en agosto de 1990 aplica el shock económico contra las grandes mayorías, los efectos de esta medida fueron catastróficos. La economía cayó en un 400% y las pequeñas y medianas empresas cerraron sus puertas con el consiguiente aumento de la desocupación y pérdida de la capacidad adquisitiva. La pobreza aumentaba con  más dureza contra la gruesa capa social del pueblo y el descontento se generalizó en todo el país.

Ante la creciente ola  de protestas y la aguda crisis política el 5 de abril de 1992 con el respaldo de las FF.AA, toma por asalto el congreso, el ministerio público.  Declara en reorganización el poder judicial y el  estado de emergencia bajo el nombre de gobierno de reconstrucción nacional.  Cerrado el congreso de la república y suspendida la carta magna, sometidos los poderes de estado, a partir de esa fecha el país sería  gobernado por decretos firmados por Fujimori nuevo dictador y respaldados por el consejo de ministros.

El endurecimiento del sistema carcelario contra los presos políticos,  implementando el régimen especial cerrado de aislamiento y aniquilamiento sistemático, tanto físico como psicológico y moral provocó una reacción de rechazo y protestas por parte de los presos políticos del penal Miguel Castro Castro, la respuesta fue una intervención armada a cargo de la marina y las fuerzas policiales, que atacaron con artillería pesada los días 7, 8 y 9 de mayo de  1992; el resultado: 65 muertos y desaparecidos según el propio Fujimori. Todo esto en el marco global de una estrategia antiterrorista que  Fujimori establecía en alianza con las FF.AA.  y los organismos financieros internacionales, para implementar sus políticas económicas neoliberales, que requería de un gobierno autoritario y un estado dictatorial que  militarizara la sociedad peruana usando  como mecanismo formal el estado de emergencia y la total suspensión de garantías constitucionales.

Fue así que, la clase  dominante no tuvo mayores reparos en que se violentara la legalidad burguesa, si de esa  forma se garantizaban sus intereses y su propia sobrevivencia como clase. La dictadura cívico-militar que dirigió Fujimori implementó un conjunto de medidas de carácter político-represivos, en su afán de acabar con el problema de la violencia política que era un factor importante de la inestabilidad política-económica.  El gobierno dictatorial enquistado en el poder priorizó la salida y el tratamiento militar a la existencia de la subversión, dejando de lado los problemas  sociales para hacer más grande la brecha existente entre pobres y ricos.

El argumento de Fujimori para el auto golpe del 5 de abril fue la agudización y la generalización de la guerra interna, la poca ayuda y comprensión del congreso para enfrentar la cuasi guerra civil que se vivía en el Perú. La dictadura decretó un conjunto de leyes y normas (DL. 25475 y 25659) violatorios a los principios básicos y jurídicos.  Amparados bajo el gobierno de reconstrucción nacional, diseña toda una política para derrotar a las organizaciones alzadas en armas y quebrar moralmente a los presos políticos.  En este marco se constituyen  los tribunales militares sin rostro y la figura jurídica de traición a la patria penalizada con cadena perpetua.  El 28 de julio de 1995 entra en vigencia la constitución política elaborada por el CCD de (1993). Y se restituye el estado de derecho. Sin embargo, para los miles de presos políticos no se restituyen  los derechos establecidos en la carta magna convirtiendo las prisiones en zonas extraterritoriales en donde no se aplica !
la constitución de la república, ni tampoco el código de ejecución penal, de esta manera se viola flagrantemente el artículo 1 de la constitución y los incisos 1.2 y 1.5 del código de ejecución penal, es letra muerta en sus artículos tres, cuatro, titulo 1, artículo 1.

Las causas reales que provocaron la violencia política se dan por la falta de soluciones a la miseria y pobreza degradante que sufren millones de peruanos, a la justicia parcializada sólo para los grupos de poder, la falta de atención a las  necesidades básicas del pueblo, trabajo, salud, educación.

En este marco de análisis político, social y económico, exigimos se nos restituyan nuestros legítimos derechos conculcados con leyes de venganza,  aislamiento, de exterminio sistemático los presos políticos asumimos nuestra lucha activa y pasiva, agitaciones, huelgas de hambre coordinadas: nuestros familiares se constituyeron en pilares de apoyo por nuestra lucha, informando y denunciando a los organismos internacionales de los DD.HH. a los medios de información, realizando diferentes manifestaciones en las plazas, locales públicos. En esta etapa de resistencia a los objetivos de aniquilamiento, estuvimos solos, los organismos nacionales de DD.HH. fueron casi indiferentes a nuestros reclamos, mas bien sugirieron acogernos a la ley de arrepentimiento y buscar así la  flexibilización carcelaria, los medios deinformación casi todos chantajeados y manipulados por el SIN. Nunca recepcionaron la lucha por nuestras reivindicaciones.  Ha sido nuestra lucha, nuestros esfuerzos, la en!
trega de nuestros familiares y el debilitamiento creciente de la dictadura, lo que provocó finalmente la conquista de espacios, podríamos afirmar que  fue la primera gran derrota que tuvo  la mafia con su secuela de corrupción que se apoderó del país.

Hoy en día la situación a cambiado, tenemos un contexto político diferente y se han formalizado un conjunto de conquistas obtenidas  por los presos políticos.  Pero aún quedan otras demandas pendientes de  solución, entonces la lucha de los Presos Políticos, no ha terminado por lo que hoy iniciamos la Huelga de Hambre como forma de lucha para la conquista de nuestros derechos así como también para la solución a nuestras demandas, expresadas en nuestra  plataforma:

1º. Juicio y sanción a Fujimori, Montesinos y Hermoza por el asesinato de guerrilleros rendidos en la Embajada de Japón.

El asesinato de los militantes del  MRTA. en la residencia japonesa  tiene que ser aclarada y hacerse justicia; en esta acción se denunció ante la prensa mundial la miseria que provoca el modelo neoliberal,  el sistema inhumano de aislamiento y exterminio al que estaban sometidos los presos políticos y  la corrupción que el narco estado creó en toda la clase  política.  Durante  la toma de la residencia  Japonesa se demostró el respeto irrestricto por la integridad y la vida de los rehenes, la moral  revolucionaria, anteponiéndose la grandeza espiritual que caracteriza a los revolucionarios.

2º.  Exigimos el cese de la represión y los traslados de castigo en los penales, el retorno de las compañeras Nancy Gilvonio y Lori Berenson a Chorrillos. Renuncia del Ministro de Justicia Fernando Olivera.

3º. Cierre de los penales de máxima seguridad y de altura: la de la Base Naval, Challapalca y Yanamayo.

4º.  Derogatoria de las leyes terroristas anticonstitucionales de la dictadura. Nuevos juicios con nuevas leyes. ¡Abajo la cadena perpetua, restitución de beneficios penitenciarios!

5º.  Reubicación de los presos políticos a  penales cercanos de sus familiares.

6º.  Exigimos se busque realmente la verdad. Los prisioneros políticos no somos terroristas, somos revolucionarios que luchamos por nuestro pueblo y nuestra patria. Sanción para todos los criminales de guerra. Que se diga dónde están los desaparecidos: No habrá reconciliación mientras haya presos políticos, desaparecidos, perseguidos e impunidad para los crímenes.

7º.  Apoyo a las luchas de nuestro pueblo por sus derechos. ¡Abajo la continuación de la política neoliberal de la dictadura.

 

FAVOR ESCRIBIR CARTAS, FAXES Y OTRAS ACCIONES URGENTES SOLIDARIZÁNDOSE

CON LA SITUACIÓN DE LOS PRESOS POLÍTICOS DEL PERÚ, SUS DEMANDAS Y

MEDIDAS DE LUCHA.

 

Sr. Alejandro Toledo M.

Palacio de gobierno

Plaza de Armas Lima - Perú.

Telefax: 0051 - 1 - 4266770

...................................................................................................................................................

Asociación Pro Derechos Humanos ( Aprodeh)

Sr: Francisco Soberón

Jr. Pachacútec  980 Lima 11. Perú

Telefax: 0051 - 1 - 4310477

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Sr. Defensor del Pueblo del Perú

Telefax: 0051 - 1 - 4264900

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Sres. Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

Túpac Amaru 2467 Lince

Lima 14 - Perú

Telefax: 0051 - 1 - 4411533

E- Mail: postmast at cnddhh.org.pe <mailto:postmast at cnddhh.org.pe>

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Sr. Ministro de Salud

Av. Salaverry Cdra. 8  s/n

Jesús María - Lima

Perú.

 

 


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