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[Camaron Rojo]

NOTA DE PRENSA
LA LIBERTAD DE EXPRESION EN VENEZUELA: PUNTA DE LANZA
DE LA REACCION
Caracas, 7 de febrero de 2002

Durante el transcurso de una reunión que tuvo lugar el
día de hoy en el Colegio de Periodistas del D.C.,
representantes de la sociedad civil presentaron al Sr.
Santiago Cantón, Relator Especial de Libertad de
Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, un comunicado relativo a la situación de la
libertad de expresión en el país. 
De acuerdo a las conclusiones del análisis, esta
situación está “directamente asociada con los
intereses políticos de los dueños y editores de los
medios de comunicación de masas y su virtual carácter
de órganos de oposición política contra el gobierno
nacional, en permanente campaña de carácter netamente
político, por encima de su responsabilidad
informativa”. 
Entre las conclusiones destacan que “que si hay algún
tipo de ejercicio de censura y persecución a
periodistas por motivo de su orientación política,
este procede fundamentalmente de los propios dueños y
editores de los medios de carácter privado contra sus
trabajadores; y a la vez, que el ejercicio de la
libertad de expresión por parte de un número
considerable de estos medios se orienta de manera
preponderante a propiciar el derrocamiento de un
gobierno legítimo, así como a la descalificación
intencionada por motivos de discriminación de vastos
sectores de la población que lo apoyan”. 
El comunicado, firmado por 97 venezolanos y
venezolanos de las más diversas profesiones, presenta
una serie de consideraciones jurídicas que muestran
los deberes y responsabilidades que del Derecho de los
Derechos Humanos se desprenden para el conjunto de
medios de comunicación social, tanto públicos como
privados. 
El documento evidencia que en el tratamiento de las
constantes movilizaciones de calle que se vienen
produciendo en todo el país “se han venido
manifestando prácticas de discriminación por parte de
los medios informativos” que apuntan a su marcada
parcialización. Asimismo se destaca la preocupación
por las constantes alusiones al conjunto de seguidores
del actual gobierno a través de calificativos
relativos a su raza y color de la piel, así como a su
supuesta condición social y económica. “Además de
inadmisibles desde todo punto de vista” - afirman -
“estos calificativos son evidentemente proclives a
crear un manifiesto clima de discriminación y racismo,
y podrían calificar como delitos contra los derechos
humanos”.
En el caso de la manifestación frente a las
instalaciones del diario El Nacional, consideran que
“no existe ningún elemento de prueba para afirmar que
se cometió delito alguno”. Con ocasión del tratamiento
que recibió dicha noticia, el defensor del lector del
diario El Nacional, Elías Santana, afirmó que los
manifestantes eran adecuadamente calificados de
“turbas”, pues supuestamente no se merecían la
condición de ciudadanía, debido a su comportamiento.
Mientras que cualquier manifestación de oposición
gubernamental, así muestre los mismos signos de
comportamiento que pudieran evidenciarse en las
grabaciones de dicha concentración, son
automáticamente calificadas de acciones cívicas de la
“sociedad civil”. 
Con respecto al artefacto explosivo que fue colocado
en las instalaciones del diario Así es la Noticia,
expresaron su más enérgica condena a este tipo de
actuaciones violentas. Asimismo, destacaron que, a
pesar de no contar con evidencia alguna, al día
siguiente de este hecho, el titular de primera página
del diario que fue objeto de la agresión tituló
“Hordas chavistas lanzaron bomba a la redacción de
este diario” - evidenciando una absoluta falta de
ética así como una vez más el tratamiento
discriminatorio hacia un amplio sector de la población
“por el mero hecho de  sus preferencias políticas”. 
Asimismo, destacaron el irrespeto de los más
elementales principios democráticos por parte de
propietarios y editores de diversos medios, “al
favorecer e incluso en ocasiones aupar la ocurrencia
de un golpe de estado militar”. Como ejemplo, citaron
el semanario La Razón de fecha 20.01.02, que en
primera página titulaba “Desobediencia militar para
salir de Chávez”, sin advertir adecuadamente el
carácter de opinión del entrevistado que proponía el
desacato. Asimismo, refirieron el título de primera
página del diario Así es la Noticia “El loco se va”,
en referencia al actual Presidente de la República,
“lo cual - a pesar de significar un irrespeto de la
más alta investidura del Poder Ejecutivo del país y
una abierta vulneración de los principios de ética
periodística -, no significó la apertura de ningún
tipo de procedimiento por parte de las autoridades
competentes”.  
En lo que respecta a la libertad de información,
destacaron que “la orientación informativa de los
medios obstaculiza la presencia de las múltiples voces
presentes en la sociedad y orienta la expresión de
opiniones y la presentación de las informaciones a
partir de aquellas sostenidas por los propietarios de
las empresas comunicacionales y los sectores de
oposición política al actual gobierno”. El mencionado
periodista Alcides Castillo, destacó en una misiva
pública que una práctica habitual en El Nacional para
aquellos profesionales “que no se prestan para la
manipulación de la información” es imponerles el
castigo de no fijarle pautas, lo cual en el ámbito de
la profesión equivale a un despido indirecto. Otra
práctica habitual en el periódico es que “si te
califican o suponen que eres afecto al gobierno, (esa)
es otra razón para prescindir de tus servicios
profesionales”. 
Con respecto a las medidas adoptadas por el Estado, el
conjunto de firmantes del documento consideran “que
ninguna de las (situaciones relacionadas con estos
derechos) que efectivamente pudieran quebrantar el
derecho son imputables a la actuación administrativa,
legislativa o judicial de los poderes públicos”. El
documento afirma a continuación que, desde 1999, y a
pesar de las constantes acusaciones contra la actual
gestión gubernamental, “la libertad de expresión es un
derecho más vigente que nunca en Venezuela, y
constatable en los hechos”. A pesar de las tendencias
informativas, presentes en distinta medida en los
medios tanto impresos como televisivos y radiales, no
hay un solo medio cerrado o amenazado de cierre, ni un
periodista encarcelado, ni una sola voz silenciada.
En relación con los contenidos de la polémica
sentencia 1.013 del Tribunal Supremo de Justicia, los
firmantes del documento no comparten las restricciones
al derecho a réplica y rectificación. Sin embargo,
destacan que “dicha jurisprudencia no ha generado
ningún tipo de consecuencias jurídicas, mientras que
muchos de los medios privados de comunicación social
están sistemáticamente vulnerando en la práctica estos
derechos”.
Por otro lado, con respecto al discurso franco y
directo del Presidente de la República frente a cierto
tipo de tratamiento de informaciones por parte de
algunos medios, subrayaron que esa circunstancia “se
da como respuesta a la marcada orientación opositora
de medios cuya responsabilidad y función social viene
enmarcada por los principios aplicables a la práctica
periodística - principios que están siendo
sistemáticamente vulnerados por los mismos medios que
son objeto de las críticas”. En cuanto a la tendencia
de hostilidad de algunos sectores aislados contra los
periodistas en funciones, consideraron que debe
evaluarse a la luz del permanente estado de
descalificación que recibe una amplia mayoría de la
sociedad por parte de los medios representados por
dichos profesionales, por el mero hecho de sus
preferencias políticas. 
Por último, hacen referencia a la práctica de
dirigirse en cadena nacional cuya intensificación en
los últimos tres años “está directamente relacionada
con la progresiva parcialidad de los medios de
comunicación a favor de las posiciones de oposición
política al gobierno, con lo cual responde a una
situación de irrespeto a la libertad de información y
expresión por parte de una significativa porción de
los medios privados radiotelevisivos”. Si bien no
pretenden justificar esta práctica gubernamental,
consideran que no se puede evaluar sin tomar en cuenta
“por un lado que se corresponde con una potestad del
Poder Ejecutivo, y por otro debe analizarse a la luz
de la sistemática negativa de los medios privados
constituidos a garantizar la pluralidad de la
información”. 

Apéndice a la Nota de Prensa
Conclusiones del análisis relativo a la situación de
la libertad de expresión en Venezuela, adelantado por
representantes de la sociedad civil 
CONCLUSIONES
 Las principales conclusiones que se desprenden de la
evaluación de la situación de la libertad de expresión
en Venezuela en los actuales momentos son los
siguientes: 
a/ que en Venezuela existe plena libertad de expresión
en cuanto a la actuación de los Poderes Públicos
frente al conjunto de los medios de comunicación,
evidenciado en el nivel de diatriba política y de
oposición irracional y ofensiva a los sectores que
apoyan al gobierno que puede observarse en los mismos,
y la relevante ausencia de procedimientos de censura
previa o sanción administrativa o judicial por parte
de las autoridades; 
b/ que la libertad de expresión y de prensa está
siendo ejercida por parte de diversos medios en
términos a menudo irresponsables y poco acordes con
los principios de tolerancia, convivencia social y
derechos humanos y los principios y valores
democráticos, así como con los más elementales códigos
de ética periodística y las normas jurídicas que
regulan la comunicación social; 
c/ que el tratamiento político que de la información
adelantan los principales medios de comunicación de
masas atenta contra la dignidad de amplios sectores de
la población, así como contra la objetividad en el
tratamiento de la gestión gubernamental en su conjunto
y de la figura presidencial en particular, lo cual ha
generado cierto clima de hostilidad por parte algunos
grupos minoritarios, que se manifiesta en la medida de
la vulneración por parte de dichos medios de los más
elementales principios de ética periodística;
d/ que las amenazas que se derivan de la situación
actual para estas libertades y su disfrute individual
y colectivo, e inclusive para la propia continuidad de
la estabilidad democrática, están directamente
relacionadas con la orientación política de estos
medios, que en el tratamiento de la noticia participan
activamente en la oposición política al gobierno,
inclusive incitando a su derrocamiento por medios
contrarios al ordenamiento institucional - privando
así a la sociedad del derecho a una información
imparcial y afectando la estabilidad democrática de un
régimen que goza de plena legitimidad constitucional.

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