[Presos] Petición Fiscal para Eduardo García

[Jorge del Cura]

Supongo que os llegará información comentada. pero de momento os envío el artículo publicado hoy en la Razón.

La Razón, 18 de noviembre de 2002 

 

El fiscal pide 22 años de cárcel para el anarquista que mandó un paquete bomba a un subdirector de LA RAZÓN

 

Ep - Madrid.-

La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicita, en un escrito de acusación hecho público hoy, 22 años de cárcel para el joven anarquista Eduardo García Macías, por el envío de sendos paquetes-bomba a los periodistas Alfredo Semprún, subdirector de LA RAZÓN, y a Raúl del Pozo («El Mundo») y, con lo que pretendía «secundar la lucha de los internos del régimen FIES (Fichero de Internos de Especial Seguimiento) contra Instituciones Penitenciarias».

 

   Según el fiscal, no se ha podido establecer la participación del acusado en el envío realizado por otras células anarquistas de artefactos explosivos contra los periodistas Jesús María Zuloaga, también subdirector de LA RAZÓN, Pablo Muñoz, Juan Carlos Serrano, redactor jefe de LA RAZÓN, y David Jiménez, y el presidente del Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra. Por ello, sólo acusa a García Macías, quien fue detenido el 8 de noviembre de 2000, de dos asesinatos terroristas en grado de tentativa y tenencia de sustancias inflamables.


   Por cada delito de asesinato el fiscal solicita 9 años de cárcel y 4 años más por la tenencia de 36,885 gramos de clorato potásico, carbón y azufre, que componen una pólvora cloratada utilizada en los envíos de Semprún y Del Pozo. 


   El escrito de acusación explica que durante el año 2000 García Macías estaba integrado en el grupo anarquista o antisistema la Cruz Negra Anarquista y antes lo estuvo en la Kolumna Durruti. Su objetivo era intentar minar las estructuras del Estado para lograr su desaparición, mediante la acción política y la «acción directa», utilizando la violencia contra entidades o personas que representen intereses del Estado o del sistema. A principios del 2000 se produjo un movimiento de presión dentro de los centros penitenciarios, para tratar de suprimir el régimen FIES. Entre sus promotores estaban los presos muy peligrosos Claudio Lavazza y Gilbert Gislain, quienes a pesar de estar calificados como FIES podían recibir visitar y publicar artículos en revistas, como la «Asamblea de Apoyo a las Personas Presas en Lucha», en cuyo ejemplar de mayo de 2000 «insinuaban la posibilidad de que se pudieran utilizar 'métodos que no gustan a todos'». 


   García Macías mantuvo una intensa relación epistolar con Gislain, siéndole intervenidas 22 cartas en su domicilio, e incluso lo visitó a la cárcel el 22 de octubre de 2000. No consta que Gislain o Lavazza le indujeran a participar en la campaña contra el régimen FIES, pero sí que decidió hacerlo enviando artefactos a diversos medios de comunicación. 


   En concreto, envió uno al subdirector de LA RAZÓN Alfredo Semprún a la sede del periódico. El paquete bomba, oculto en un libro, estaba compuesto por una pila y clorato potásico, azufre y carbón. Una composición, según el Ministerio Público que de haberse producido la explosión «es presumible que la víctima sufriera graves heridas sin poder descartarse incluso, un desenlace fatal». El artefacto, en el que figuraba como remitente la delegación de LA RAZÓN en Barcelona, fue desactivado al llegar al periódico, el 19 de octubre de 2000. 


   El artefacto envíado a Raúl del Pozo a la sede de su periódico era muy similar. Como remitente figuraba Cristina Frade, corresponsal de «El Mundo» en París, y como dirección la sede del diario en San Sebastián. El artefacto casero, oculto en un estuche de cassette de vídeo, se facturó el 16 de octubre de 2000 en la estafeta de Correos de la estación de Chamartín, en Madrid. En el centro de clasificación postal se detectó el contenido del paquete, lo que permitió su desactivación. «No es posible establecer un determinado nivel en la entidad de los daños personales, pues hasta las posibles proyecciones, estarían influidas en gran manera por el azar en cuanto a su trayectoria», afirma el fiscal. 


   Ambos paquetes-bomba contenían una nota en la que se especificaban los días que Laudelino Iglesias llevaba en huelga de hambre en la cárcel de La Moraleja, se pedía la supresión de FIES y los firmaba una tal «Maruja». En el del Semprún se especificaba que provenía de «una maruja indignada», «que no es del entorno de Eta». El fiscal solicita que García Macías sea condenado, además de a la pena de prisión, a indemnizar a cada uno de los periodistas con 5.000 euros por el daño moral causado. 

 

http://www.larazon.es/noticias/semprun.htm

 

 

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