[unomada-info] Provincia España. Pensar la coyuntura, Carlos Prieto del Campo

[Infos de la Universidad Nomada]

Un artículo de Carlos Prieto del Campo, publicado en la NLR, núm. 31,
enero-febrero de 2005
(http://www.newleftreview.org/?getpdf=NLR26502&pdflang=es), y
recientemente revisado y ampliado.

http://www.universidadnomada.net/spip.php?article237

�ndice

1. Pensar la coyuntura

2. La gran desilusión

3. Cenizas y diamantes: EL PA�S como herramienta de consenso y
legitimación

4. Constitución material y desarrollo desigual: partidos políticos,
dominación de clase y coyuntura mundial

5. Modelo de Estado y organización territorial

6. Los sueños de Aznar producen monstruos

7. Acontecimientos leninistas: Madrid, 11-14 de marzo de 2004

8. Partidos políticos en busca de futuro



1. PENSAR LA COYUNTURA

¿Cómo pensar la coyuntura en un espacio político en cuyo interior no se
producen la totalidad de las dinámicas estructurales que configuran la
trama del campo de fuerzas en el que las clases y los sujetos sociales
toman sus decisiones políticas y cuyo pasado estrictamente contemporáneo
está presidido por una guerra civil que expresó con inusitada intensidad
la profundidad de la lucha de clases que atravesaba esa estructura
social? ¿Qué es hoy la política en un Estado-nación inserto en el
sistema interestatal capitalista y que se halla sometido a la doble
presión, por un lado, de una economía-mundo capitalista que está
experimentando una transformación radical y que opera en una situación
de caos sistémico que genera una tremenda turbulencia global y, por
otro, de la tracción de la Unión Europea que pretende rescribir la
constitución material de los Estados europeos, afectando profundamente
sus dinámicas de legitimación política y de funcionamiento legislativo,
administrativo y judicial mediante su recodificación a escala
supraestatal? ¿Cuáles son las dinámicas sociales que pueden dotarse de
visibilidad en tal contexto y quiénes son los sujetos sociales –o
territoriales– que han de expresar las diversas formas de soberanía
popular y de voluntad general en el contexto de la política nacional?
Los sujetos políticos enmarcados en el espacio político español han
protagonizado un continuo proceso de tensión y ajuste entre las luchas
de las clases trabajadoras, las formas de explotación que las clases
dominantes y las elites dirigentes españolas han impuesto a los sujetos
productivos de esta unidad política y la forma-Estado históricamente
viable en cada periodo histórico, cuya tendencia sistémica ha estado
conformada por las constricciones estructurales de la economía-mundo
capitalista, por las dinámicas históricas sedimentadas como consecuencia
de la resolución militar del conflicto social interno y, en la
actualidad, por las necesidades impuestas por la dinámica institucional
europea que define las condiciones de posibilidad de las grandes
decisiones sociales, económicas y financieras (1).

En realidad, la fractura histórica fundamental de la política española
contemporánea corre pareja a la Guerra civil de 1936-1939 que cierra
definitivamente la crisis del siglo XIX durante el cual las clases
dominantes españolas intentan reorganizar sus dinámicas de acumulación
de capital en un contexto de creciente debilidad estructural de la
economía nacional que arranca de finales del siglo XVII, establecer una
forma Estado acorde con las transformaciones de la economía mundial y
consolidar su hegemonía ideológica y cultural ante la pujanza del
movimiento obrero y campesino a partir sobre todo del último tercio del
siglo XIX y la crisis irreversible de las viejas formas de poder y
control social asociadas con el Antiguo Régimen, que si en otros países
europeos se prolonga hasta el periodo de entreguerras en España lo hará
con especial virulencia hasta después de la Guerra civil y la Segunda
Guerra Mundial2. Las guerras civiles carlistas (1833-1839 y 1872-1876) y
la inestabilidad política que afecta al Estado desde 1802 caracterizan
el turbulento siglo XIX español hasta que el inicio de la Restauración
en 1875 establece los cimientos de una forma constitucional moderna, que
pretende dotar de estabilidad a las formas de gestión autoritaria de las
relaciones sociales capitalistas y pacificar las relaciones entre las
clases dominantes y las elites gobernantes para diseñar así un mercado
nacional estable y bien definido en el que éstas puedan lanzar sus
correspondientes estrategias de explotación de la fuerza de trabajo y de
acumulación de capital3. Unas clases terratenientes inmisericordes e
ineficaces económicamente en las zonas rurales y políticamente
subdesarrolladas y una burguesía industrial históricamente débil y
entrelazada con éstas por múltiples lazos sociales económicos, y
familiares, cuya alianza tan solo acaba de soldarse dinámicamente en la
administración autoritaria de la máquina estatal durante el primer
tercio del siglo XX, hacen que la tendencia explosiva de las relaciones
de producción imperantes en España durante esas décadas desemboque en
una guerra civil que constituye la condensación más perfecta que puede
encontrarse en Europa en esos momentos –y tal vez en el mundo– de un
conflicto social desencadenado por el enfrentamiento entre las clases en
el seno de un espacio político nacional definido como tal al hilo de los
procesos de reestructuración de la economía-mundo capitalista.

La II República (1931-1939) había sido el primer momento en el que las
clases populares españolas –que expresan en esos momentos formas más o
menos coherentes de nacionalismo básicamente catalán, vasco y gallego4–
habían expresado finalmente formas maduras de poder constituyente que
transcendían las modalidades autoritarias de ejercicio del control y la
dominación sociales impuestas por las elites reaccionarias y
propietarias, afirmando su deseo de que el Estado y las relaciones
sociales de producción fuesen transformados y modernizados radicalmente.
La II República intentó fundamentalmente (1) transformar las estructuras
del Estado prescindiendo para siempre de la monarquía como forma de
gobierno, que en el caso español estaba vinculada a las concepciones más
obtusas y reaccionarias del Antiguo Régimen, y dotando al Estado de un
nuevo diseño territorial; (2) aliviar la dureza de las relaciones de
propiedad cuasi feudales imperantes en las zonas rurales; (3) modernizar
el aparato estatal para que desempeñara funciones modernas de gestión
del conflicto social y de las dinámicas de crecimiento económico en
clave protokeynesiana; (4) someter definitivamente a un ejercito
corporativo, autoritario, represivo e ineficaz a las autoridades
civiles; (5) establecer una educación pública laica y moderna, y (6)
redimensionar las relaciones con la Iglesia que a lo largo de la
historia de España habían conocido una presencia preponderante en la
vida política, económica y cultural mediante una estrecha relación con
las clases dominantes y las elites dirigentes del Estado. El experimento
republicano, que podría haber enderezado la modernización de la sociedad
española hacia parámetros normalizados a medio plazo, acaba con la
reacción militar de las clases dominantes que deciden hacer política por
otros medios desencadenando una guerra civil brutal, larga, y de
aniquilación y limpieza del enemigo social que será capaz de sentar las
bases de un régimen fascista concebido con la vocación de durar en el
tiempo bien como Estado asociado a las potencias del Eje –tal y como fue
considerado por Franco hasta 1942–, bien como Estado anticomunista apto
para operar como bastión estadounidense durante la Guerra Fría a partir
de los primeros años de la década de 1950. El régimen fascista del
general Franco se prolonga durante casi cuatro décadas hasta su muerte
en 1975, conformando de modo muy intenso el escenario en el que se
produce la denominada transición a la democracia, las opciones políticas
abiertas a los sujetos y pueblos del Estado, y los alineamientos,
actitudes y perspectivas de las fuerzas políticas que protagonizarán la
vida política española durante el último cuarto del siglo XX. La
dictadura franquista sienta, pues, las piedras miliares que acotarán el
espacio político de la transición democrática tras la muerte del
dictador en cuyo campo de fuerzas se definirán su ritmo, alcance e
intensidad desde las previsiones continuistas del poder constituido. La
ausencia de derechos políticos y sindicales durante casi cuarenta años y
la gestión dictatorial de las relaciones sociales legan un bloque
hegemónico tremendamente conservador en cuestiones socio-económicas y
políticas que intenta reproducir en clave autoritaria la herencia
franquista en el ámbito de las relaciones laborales, económicas y
sociales de acuerdo con un modelo de limitación de la soberanía popular
y territorial en el nuevo escenario que se abre tras la muerte de Franco
que se inserta además en un entorno internacional que soporta mal la
persistencia de la anomalía de las dictaduras del sur de Europa5. La
dictadura lega además un ejército anticuado y obsoleto, pero dispuesto a
intervenir si la transición se orienta verdaderamente hacia la izquierda
y se pone en tela de juicio el modelo social y de Estado heredado del
franquismo, y define negativamente los posibles sujetos políticos que
están en condiciones de protagonizar la transición, ya que los partidos
políticos (PCE, PSOE, PNV, Minoría Catalana y partidos de la
extrema-izquierda) y las organizaciones sindicales (CCOO y UGT, CNT) se
legalizan de facto tras la muerte del dictador y se encuentran en una
situación de desventaja frente al aparato del Estado que se promociona
como artífice del cambio y sujeto político protagonista mediante la
creación de la Unión de Centro Democrático (UCD). La dictadura impone,
como coralario de las dinámicas mencionadas, la forma monárquica y a
Juan Carlos I como sucesor de Franco en la jefatura del Estado,
cancelándose la posibilidad de entroncar la transición democrática con
la legalidad de la II República conculcada por el golpe de Estado y la
Guerra civil, lo cual es ampliamente percibido por la izquierda como
colofón de una transición controlada desde arriba con un tono
fuertemente autoritario y unas opciones tasadas en cuanto a las opciones
políticas posibles realmente viables (forma de Estado, contenido del
Estado del bienestar, marco de relaciones laborales, articulación
territorial del Estado, etc.).


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(1) Michel Foucault, para comprender qué era la política y cómo
funcionaban las relaciones de poder en las sociedades capitalistas
revertía el apotegma de Hobbes afirmando que la política es la guerra
continuada por otros medios: el caso español –en general desde el siglo
XV y en particular desde principios del siglo XIX– constituye una
laboratorio histórico fascinante para poner a prueba tal hipótesis. M.
Foucault, «Curso en el Colegio de Francia, 7 de enero de 1976», Dits et
écrits II, 1976-1988, París, Gallimard, 2001. En realidad, una
conceptualización más precisa –y dotada de una tremenda solidez
histórica– que define el cuadro básico del funcionamiento de las
dinámicas que han conformado en la modernidad la realidad estructural de
la forma Estado y de la guerra como vectores sistémicos del capitalismo
histórico así como la relación de ambos con las reestructuraciones que
posibilitan los sucesivos ciclos sistémicos de acumulación y las fases
de transición hegemónica se encuentra en Immanuel Wallerstein, The
modern World-System, 3 vols. (1974, 1984, 1989); The politics of
world-economy (1991), Unthinking Social Sciences (1991), The capitalist
world-economy (1993), After liberalism (1995), y en los trabajos de
Giovanni Arrighi, The long twentieth Century (1994) y Chaos and
Governance of the Modern World System [con Beverly J. Silver] (1999). En
el caso del Estado español, la Guerra civil se produce en el interior de
la guerra civil europea que es al mismo tiempo el conflicto bélico que
dilucida la transición de la hegemonía británica a la hegemonía
estadounidense y que ya presenta un altísimo contenido de clase, de cuya
intensidad el conflicto español de 1936 constituye uno de los epitomes
más acabados acaso comparable mutatis mutandis, por su intensidad y por
su repercusión internacional, con la Guerra de Vietnam.

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