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Reinventando la política: 15M

MONTSERRAT GALCERÁN. Militante social, ensayista y profesora de
Filosofía
Miércoles 28 de septiembre de 2011.
Decían los clásicos que nada hay tan improbable e ilusorio como una
revolución antes de que acontezca, ni nada es más evidente y necesario
después de que estalle. Sea o no una revolución lo que estamos viviendo,
ya casi ni nos acordamos de cómo era el mundo antes de que existiera el
15M. Nada era más improbable entonces, ni nada nos hace dudar ahora de
que el movimiento continuará. Es, como dice David Harvey, un rayo de
esperanza y de luz en el horizonte del depredador y salvaje capitalismo
global.

Dos éxitos marcan el presente del movimiento: la constitución emergente
de un nuevo actor político y su efecto en la descomposición de la casta
política dominante. Esos dos elementos nos permiten hablar propiamente
del final de un ciclo político, aquel que se abrió en este país con la
Transición y que en Europa viene marcado por el final de los movimientos
de 1968 en los últimos ‘70. También del inicio del fin del periodo
siguiente: la hegemonía indiscutida de un neoliberalismo que nos ha
llevado al desastre actual.

Las movilizaciones populares de estos últimos meses, empezando por lo
sucedido en los países del norte de África y siguiendo por el área
mediterránea, Grecia, Portugal y España marcan la emergencia de un actor
político multitudinario que ha encontrado en las asambleas populares uno
de los resortes de su acción. Los otros son una práctica novedosa en la
comunicación, especialmente en las redes sociales, y una forma de hacer
política basada en el rechazo de la representación/delegación y la
asunción de la capacidad de cada quien para incidir, participar,
reflexionar, aportar, matizar y decidir. Esta práctica produce
empoderamiento y aumenta la pasión por lo político, a mil leguas del
hartazgo y la agitación artificial de los mítines oficialistas. Se
equivocan quienes piensan que expresa solamente un deseo de mayor
transparencia política; equivale a un auténtico cambio en las formas de
hacer política que pone en cuestión todo el andamiaje de la política
entendida como gestión del poder. Lo que expresa es una clara voluntad
de intervención y de autodefensa, evidenciada en la fuerza de la
desobediencia civil con la que se ocupan plazas y calles en las
asambleas, manifestaciones, concentraciones y acampadas. Estamos en un
movimiento que no le teme a la represión policial aun cuando opta, clara
y resueltamente, por formas pacíficas de confrontación social y
política. En este sentido supone una auténtica mutación.

Correlativo al crecimiento de la agencia social, como si fueran vasos
comunicantes, se desmorona el artificio de la casta política surgida de
la Transición. PP y PSOE se aglutinan como los gestores del capitalismo
global en el Estado, esforzándose en reducir las instituciones estatales
a palancas de dominio ‘sobre’ la población. El espectáculo del Congreso
en la votación acelerada de la reforma constitucional lo muestra de modo
inequívoco: los grupos minoritarios se esfuerzan por separarse de los
dos grandes, temerosos de que les arrastren en sus desafortunadas
medidas, mientras que éstos, con todo tipo de transacciones y
componendas, intentan ofrecer garantías imposibles a unos ‘mercados’ a
los que se resisten a poner nombre. Dicen que esas medidas les
tranquilizarán, pero de ser así –cosa más que dudosa– no será sólo por
haber fijado un límite al endeudamiento público sino por la preeminencia
otorgada al pago de la deuda sobre cualquier otro gasto, explícito en el
punto 3 del reformado artículo 135 en el que se dice que “el pago –de
los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda
pública de las Administraciones– gozará de prioridad absoluta”.

“¿Prioridad absoluta?”. Sin duda esta cláusula pone en cuestión la
soberanía nacional para acometer aquellos gastos que considere
necesarios incluso, llegado el caso, el impago o la renegociación de la
deuda como han hecho ya algunos países latinoamericanos. Pero eso no es
todo. A la chita callando los gobernantes están cambiando la concepción
del Estado, socavando la soberanía y haciéndolo funcionar como un
conjunto de procedimientos, reglas e instancias institucionales
encaminadas a garantizar que puedan continuar los negocios privados
rentables desde el punto de vista de los capitales particulares y del
capital en general, en especial el negocio financiero, sin importar si
esa imposición repercute en el descenso del gasto público, incluidos los
gastos sociales, y empeora el vivir de la población. Ante el dilema de
que algunos países europeos como Grecia, Irlanda, Portugal o incluso
España o Italia dejen de pagar la deuda, lo que podría provocar una
hipotética crisis del euro, o que se reduzcan los gastos, optan sin
vacilar por lo segundo, dándole incluso la forma de mandato legal
amparado en la Constitución. Las instituciones estatales se convierten
así en palancas decisivas para asegurar los pagos a los acreedores –
grandes instituciones bancarias y fondos de inversión– en detrimento de
sus obligaciones sociales y asistenciales frente al conjunto de la
población, bloqueando legalmente cualquier intento de reforma en
beneficio de ésta y garantizando constitucionalmente los intereses de
aquéllos.

El impago

Sin duda que el impago de la deuda es un problema para el sistema
bancario en su conjunto, especialmente para los propios bancos europeos,
compradores de deuda pública. Eso explica que la partida no se juega
sólo en los territorios nacional-estatales sino en Europa. Los famosos
“dictados de los mercados” y las “imposiciones del tándem
Merkel/Sarkozy” marcan las exigencias de las elites capitalistas
europeas, especialmente los bancos, en la defensa de los negocios
globales y del poder del euro. Su cara visible es el Banco Central
Europeo cuya legislación le permite estar exento de mandato político
pero cuyas decisiones se imponen a los gobiernos por la vía económica.

De ahí la importancia de la dimensión europea del movimiento y la
apertura de ese nuevo territorio de conflicto. Durante agosto han
emprendido la marcha los grupos de caminantes que a mitad de septiembre
están pensando encontrarse en París, para proseguir la marcha hacia
Bruselas. Estas marchas van a visibilizar la dimensión europea y
permitirán confluir a todas las personas de los diferentes países
focalizando el centro de gobierno de la Unión Europea en Bruselas. No se
trata sólo de coordinarse con el resto de movimientos a escala europea.
Se trata de construir una red política alternativa que sea capaz de
defender una Europa social.

No podemos olvidar que tampoco ellos los representan, que por boca de
Sarkozy o de Merkel no hablan las poblaciones de Francia o de Alemania
sino el poder de sus élites capitalistas globales. Sólo ‘indignando’ a
toda Europa podremos enfrentarnos a ellas.

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